En el Gobierno provincial celebraron como un gol de media cancha el acuerdo que esta semana firmaron el gobernador Martín Buzzi y el CEO de Pan American Energy (PAE), el mítico y poderoso Carlos Bulgheroni.
Tras varios meses de tironeos y fuego cruzado, la principal operadora petrolera de Chubut y la segunda de la Argentina terminó por aceptar las exigencias del gobernador y aceptó pagar el reclamo de 240 millones de pesos por el tributo a los Ingresos Brutos, además de readecuarse a la Ley de Hidrocarburos y hasta bajar una demanda por 50 millones de dólares contra la Provincia en los Tribunales franceses.
Fue, sin dudas, un triunfo de la postura del Gobierno y, sobre todo, del gobernador, que se puso al hombro la disputa y no mandó a nadie a decir lo que él quería decir.
“Este es un acuerdo justo, que defiende el patrimonio de los chubutenses y que nos permite despejar situaciones conflictivas y comenzar a recomponer relaciones”, dijo Buzzi tras la firma del acuerdo, y destacó “el acompañamiento de los sindicatos petroleros y de los ministros (Julio) De Vido y (Axiel) Kicillof”.
Los temas pendientes
La gestión de Buzzi al frente de la Provincia nunca ha sido sencilla. Ha debido luchar contra la debilidad que le generó el haber tenido que abandonar –casi por obligación- el proyecto con el que llegó a la gobernación para arrimarse al calor del kirchnerismo.
Tampoco tuvo suerte en la elección de sus colaboradores en la etapa inicial, y el volantazo del año pasado, prescindiendo de gran parte de su Gabinete y sumando a gente venía a darle “volumen” a su gestión, no tuvo todo el éxito deseado, entre otras cosas, por la difícil interna política que debió afrontar tras el apabullante triunfo de Mario Das Neves en las elecciones legislativas de octubre del año pasado.
El desbande del kirchnerismo local, una Legislatura absolutamente atomizada y con ganas de hacerle las cosas más difíciles al gobernador que la propia oposición, siguen poniendo a Buzzi en una situación de incomodidad permanente.
La delicada situación que viene atravesando la salud pública es un ejemplo. La desprotección con la que se tienen que manejar los pobres jubilados en medio del conflicto irresuelto del Prosate y el PAMI, es apenas un ejemplo.
Abuelos que deambulan de las guardias de las clínicas privadas que ya no los quieren recibir y terminan atestados en las recepciones de los hospitales públicos, que ya no dan abasto, son moneda corriente
Nadie puede decir que el gobernador no le haya puesto el pecho a las balas. Pero la demora para resolver los problemas sencillos, la inacción para encarar los complejos y la falta de timing político de la ministra Mónica Eredia, es una combinación letal.
Congeladas pero no tanto
El viaje de Buzzi a Buenos Aires también sirvió para cerrar otro acuerdo. Tal como había anticipado Jornada en su edición del martes pasado, el jueves (aunque recién se divulgó el viernes) el gobernador firmó con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido el Convenio del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración.
El extenso título se puede resumir a un acuerdo para “congelar” las tarifas eléctricas. Aunque no tanto como se cree. Aunque el convenio es por un plazo de un año, durante el cual no se puede modificar el cuadro tarifario eléctrico vigentes en la provincia, la letra chica abre puertas a reajustes. Por ejemplo, para absorber los aumentos salariales acordados en paritarias hasta un 18%.
Lo que se viene, más allá de este acuerdo con Nación, es un programa local impulsado por el Consejo Consultivo conformado por el Gobierno provincial y todos los actores del sector, que entre otras cosas incluye un “fondo de sustentabilidad” para todas las cooperativas que deberá ser aprobado por los concejos deliberantes, y que permitirá recaudar a las cooperativas sin necesidad de tocar las tarifas.
Una de piratas
La investigación que Jornada publicó esta semana que termina sobre la Cooperativa Eléctrica de Trelew, vuelve a demostrar que no se puede hablar de la crisis de los servicios públicos sin incluir a las vergonzosas gestiones de cientos y cientos de dirigentes que han pasado por los consejos de administración de las cooperativas de Chubut.
El pago millonario a un presunto “asesor impositivo” porteño de gran fuste que, en realidad, era una empresa pesquera casi “fantasma”, a cuyo apoderado lo apodan “Jeta”, es apenas un ejemplo del descontrol que sufren estas entidades, copadas por representantes de distintos sectores políticos y sindicales sin escrúpulos.
La Justicia ya se hizo cargo del caso. Es de esperar que, como ya ha pasado otras veces con denuncias periodísticas bien documentadas como esta, no termine en un cajón, con fiscales y jueces mirando para otro lado.
Más iguales que otros
Y hablando de la Justicia, esta semana hubo otra pieza para el “cuadrito”. En la intrincada puja por tratar de determinar la responsabilidad del gobernador Buzzi en el caso del préstamo de 10 millones de pesos a la firma Alpesca, el ida y vuelta entre el juez de la causa, Fabio Monti, y los defensores públicos del mandatario, Sergio Rey y Jorge Benesperi, hubo una intervención de un Tribunal conformado por la juezas Patricia Asaro e Ivana González, que le dieron la razón a su colega y dijo que los fueros de Buzzi no alcanzan para evitar ser sometido a proceso.
En su fallo para respaldar a Monti, la jueza Asaro hace referencia a otro fallo de la Corte Suprema, el del exjuez federal Roberto Marquevich, que los defensores del gobernador utilizaron en sus escritos para argumentar en defensa de la “inmunidad de proceso” de la que gozan los aforados.
Escribió Asaro: “En esa oportunidad, la Corte hizo referencia a la inmunidad de proceso con respecto al sujeto aforado. La explicación respecto a la amplitud de interpretación que ha efectuado el Alto Tribunal respecto a los fueros que amparan a los magistrados, tiene su génesis en que los jueces gozan de una investidura vitalicia, mientras que para el resto de los funcionarios aforados rige la temporalidad y periodicidad en el ejercicio de sus funciones.”
Para que se entienda: según tres jueces de Chubut, cualquier funcionario público puede ser sometido a proceso por presuntos delitos durante su gestión aún teniendo fueros, menos los jueces.
El derecho a la igualdad ante la ley del que habla la Constitución Nacional en su Artículo 2º, en este caso, queda para otra oportunidad.
En el Gobierno provincial celebraron como un gol de media cancha el acuerdo que esta semana firmaron el gobernador Martín Buzzi y el CEO de Pan American Energy (PAE), el mítico y poderoso Carlos Bulgheroni.
Tras varios meses de tironeos y fuego cruzado, la principal operadora petrolera de Chubut y la segunda de la Argentina terminó por aceptar las exigencias del gobernador y aceptó pagar el reclamo de 240 millones de pesos por el tributo a los Ingresos Brutos, además de readecuarse a la Ley de Hidrocarburos y hasta bajar una demanda por 50 millones de dólares contra la Provincia en los Tribunales franceses.
Fue, sin dudas, un triunfo de la postura del Gobierno y, sobre todo, del gobernador, que se puso al hombro la disputa y no mandó a nadie a decir lo que él quería decir.
“Este es un acuerdo justo, que defiende el patrimonio de los chubutenses y que nos permite despejar situaciones conflictivas y comenzar a recomponer relaciones”, dijo Buzzi tras la firma del acuerdo, y destacó “el acompañamiento de los sindicatos petroleros y de los ministros (Julio) De Vido y (Axiel) Kicillof”.
Los temas pendientes
La gestión de Buzzi al frente de la Provincia nunca ha sido sencilla. Ha debido luchar contra la debilidad que le generó el haber tenido que abandonar –casi por obligación- el proyecto con el que llegó a la gobernación para arrimarse al calor del kirchnerismo.
Tampoco tuvo suerte en la elección de sus colaboradores en la etapa inicial, y el volantazo del año pasado, prescindiendo de gran parte de su Gabinete y sumando a gente venía a darle “volumen” a su gestión, no tuvo todo el éxito deseado, entre otras cosas, por la difícil interna política que debió afrontar tras el apabullante triunfo de Mario Das Neves en las elecciones legislativas de octubre del año pasado.
El desbande del kirchnerismo local, una Legislatura absolutamente atomizada y con ganas de hacerle las cosas más difíciles al gobernador que la propia oposición, siguen poniendo a Buzzi en una situación de incomodidad permanente.
La delicada situación que viene atravesando la salud pública es un ejemplo. La desprotección con la que se tienen que manejar los pobres jubilados en medio del conflicto irresuelto del Prosate y el PAMI, es apenas un ejemplo.
Abuelos que deambulan de las guardias de las clínicas privadas que ya no los quieren recibir y terminan atestados en las recepciones de los hospitales públicos, que ya no dan abasto, son moneda corriente
Nadie puede decir que el gobernador no le haya puesto el pecho a las balas. Pero la demora para resolver los problemas sencillos, la inacción para encarar los complejos y la falta de timing político de la ministra Mónica Eredia, es una combinación letal.
Congeladas pero no tanto
El viaje de Buzzi a Buenos Aires también sirvió para cerrar otro acuerdo. Tal como había anticipado Jornada en su edición del martes pasado, el jueves (aunque recién se divulgó el viernes) el gobernador firmó con el ministro de Planificación Federal, Julio De Vido el Convenio del Programa de Convergencia de Tarifas Eléctricas y Reafirmación del Federalismo Eléctrico e Integración.
El extenso título se puede resumir a un acuerdo para “congelar” las tarifas eléctricas. Aunque no tanto como se cree. Aunque el convenio es por un plazo de un año, durante el cual no se puede modificar el cuadro tarifario eléctrico vigentes en la provincia, la letra chica abre puertas a reajustes. Por ejemplo, para absorber los aumentos salariales acordados en paritarias hasta un 18%.
Lo que se viene, más allá de este acuerdo con Nación, es un programa local impulsado por el Consejo Consultivo conformado por el Gobierno provincial y todos los actores del sector, que entre otras cosas incluye un “fondo de sustentabilidad” para todas las cooperativas que deberá ser aprobado por los concejos deliberantes, y que permitirá recaudar a las cooperativas sin necesidad de tocar las tarifas.
Una de piratas
La investigación que Jornada publicó esta semana que termina sobre la Cooperativa Eléctrica de Trelew, vuelve a demostrar que no se puede hablar de la crisis de los servicios públicos sin incluir a las vergonzosas gestiones de cientos y cientos de dirigentes que han pasado por los consejos de administración de las cooperativas de Chubut.
El pago millonario a un presunto “asesor impositivo” porteño de gran fuste que, en realidad, era una empresa pesquera casi “fantasma”, a cuyo apoderado lo apodan “Jeta”, es apenas un ejemplo del descontrol que sufren estas entidades, copadas por representantes de distintos sectores políticos y sindicales sin escrúpulos.
La Justicia ya se hizo cargo del caso. Es de esperar que, como ya ha pasado otras veces con denuncias periodísticas bien documentadas como esta, no termine en un cajón, con fiscales y jueces mirando para otro lado.
Más iguales que otros
Y hablando de la Justicia, esta semana hubo otra pieza para el “cuadrito”. En la intrincada puja por tratar de determinar la responsabilidad del gobernador Buzzi en el caso del préstamo de 10 millones de pesos a la firma Alpesca, el ida y vuelta entre el juez de la causa, Fabio Monti, y los defensores públicos del mandatario, Sergio Rey y Jorge Benesperi, hubo una intervención de un Tribunal conformado por la juezas Patricia Asaro e Ivana González, que le dieron la razón a su colega y dijo que los fueros de Buzzi no alcanzan para evitar ser sometido a proceso.
En su fallo para respaldar a Monti, la jueza Asaro hace referencia a otro fallo de la Corte Suprema, el del exjuez federal Roberto Marquevich, que los defensores del gobernador utilizaron en sus escritos para argumentar en defensa de la “inmunidad de proceso” de la que gozan los aforados.
Escribió Asaro: “En esa oportunidad, la Corte hizo referencia a la inmunidad de proceso con respecto al sujeto aforado. La explicación respecto a la amplitud de interpretación que ha efectuado el Alto Tribunal respecto a los fueros que amparan a los magistrados, tiene su génesis en que los jueces gozan de una investidura vitalicia, mientras que para el resto de los funcionarios aforados rige la temporalidad y periodicidad en el ejercicio de sus funciones.”
Para que se entienda: según tres jueces de Chubut, cualquier funcionario público puede ser sometido a proceso por presuntos delitos durante su gestión aún teniendo fueros, menos los jueces.
El derecho a la igualdad ante la ley del que habla la Constitución Nacional en su Artículo 2º, en este caso, queda para otra oportunidad.