Este lunes 22 de abril a las 9 debía comenzar en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson el juicio oral y público contra la exministra y exdiputada Cecilia Torres Otarola y otros imputados en el marco de la causa Ñoquis Calientes.
Pero el inicio del proceso se postergó hasta que la Cámara Penal de Trelew resuelva un pedido de probation de las defensas del resto de los involucrados, no de “Chechu”. Una vez que la Cámara resuelva el planteo, agosto es una fecha probable para el juicio.
El tribunal está compuesto por Carlos Richeri, Raquel Susana Tassello y Marcela Alejandra Pérez Bogado. El acusador público será el jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez.
La investigación versa sobre la designación de personal “a dedo” en el ámbito del Ministerio de Familia cuando Torres Otarola era su titular, como así también la presunta transferencia de parte de los ingresos de los elegidos a cuentas de la responsable de la cartera provincial, a modo de retorno, según la versión de la Fiscalía.
Los cargos incluyen fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público.
Este lunes 22 de abril a las 9 debía comenzar en la sala de audiencias de la Oficina Judicial de Rawson el juicio oral y público contra la exministra y exdiputada Cecilia Torres Otarola y otros imputados en el marco de la causa Ñoquis Calientes.
Pero el inicio del proceso se postergó hasta que la Cámara Penal de Trelew resuelva un pedido de probation de las defensas del resto de los involucrados, no de “Chechu”. Una vez que la Cámara resuelva el planteo, agosto es una fecha probable para el juicio.
El tribunal está compuesto por Carlos Richeri, Raquel Susana Tassello y Marcela Alejandra Pérez Bogado. El acusador público será el jefe de la Unidad Anticorrupción, Omar Rodríguez.
La investigación versa sobre la designación de personal “a dedo” en el ámbito del Ministerio de Familia cuando Torres Otarola era su titular, como así también la presunta transferencia de parte de los ingresos de los elegidos a cuentas de la responsable de la cartera provincial, a modo de retorno, según la versión de la Fiscalía.
Los cargos incluyen fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes del funcionario público.