En la Oficina Judicial de Rawson se realizó la audiencia de apertura de investigación en la causa judicial denominada como “Ñoquis calientes”, en la que se encuentran involucradas 13 personas, entre ellas la ex Ministro de Familia del Gobierno del Chubut, Cecilia Torres Otarola.
La causa indaga un presunto fraude a la administración pública. La actividad se realizó con parte de los actores de manera presencial y otros, como la jueza, todos los imputados (incluida Torres Otarola), y defensores, de manera remota a través del sistema de video conferencia.
La hipótesis del fiscal Omar Rodríguez es que los hechos comenzaron en el año 2015, cuando Torres Otarola era diputada. Estima que la ex funcionaria contrataba a personas conocidas, las nombraba en cargos y estas, posteriormente, retribuían ese nombramiento con parte de sus salarios. “Son 13 hechos en total: un tramo cuando ella fue diputada y otra parte cuando era ministro”, consideró.
Los defensores hicieron una serie de cuestionamientos acerca de los hechos y apuntaron al fiscal que tiene que probar que sus defendidos no trabajaban. Rodríguez argumentó que son los abogados los que van a tener que justificar cómo trabajaban sus defendidos, incluso acusó que hubo gente que estaba en Buenos Aires y no conoce provincia.
“Si te dan 70 mil pesos sin trabajar y vivir en Buenos Aires, la persona que tiene esa posibilidad y no tiene escrúpulos lo va a hacer”, sostuvo.
El fiscal también solicitó que se establezca el proceso como “causa compleja”, por la cantidad de hechos que se deben investigar y el volumen de información que se debe verificar, y ante la dificultad de recabar cierta información en el marco de la pandemia, manifestó que la investigación se debería extender de un plazo de seis meses a un año. Los defensores se opusieron.
“Existe un número importante de personas y de hechos. Hay mucha evidencia que tenemos que incorporar y se vuelven difíciles de obtenerte porque no están funcionando todos los organismos”, ensayó Rodríguez que no descartó que se presente otra acusación contra Torres Otarola sobre enriquecimiento ilícito por una cifra de dinero que aún se investiga: “Hay muchos movimientos de dinero”, apuntó.
La jueza Ivana González resolvió pasar a un cuarto intermedio para resolver en horas de la tarde, de acuerdo al análisis del material presentado y los dichos de los participantes durante la audiencia. Pero luego se determinó que la audiencia por apertura de investigación continúeel jueves.
En la Oficina Judicial de Rawson se realizó la audiencia de apertura de investigación en la causa judicial denominada como “Ñoquis calientes”, en la que se encuentran involucradas 13 personas, entre ellas la ex Ministro de Familia del Gobierno del Chubut, Cecilia Torres Otarola.
La causa indaga un presunto fraude a la administración pública. La actividad se realizó con parte de los actores de manera presencial y otros, como la jueza, todos los imputados (incluida Torres Otarola), y defensores, de manera remota a través del sistema de video conferencia.
La hipótesis del fiscal Omar Rodríguez es que los hechos comenzaron en el año 2015, cuando Torres Otarola era diputada. Estima que la ex funcionaria contrataba a personas conocidas, las nombraba en cargos y estas, posteriormente, retribuían ese nombramiento con parte de sus salarios. “Son 13 hechos en total: un tramo cuando ella fue diputada y otra parte cuando era ministro”, consideró.
Los defensores hicieron una serie de cuestionamientos acerca de los hechos y apuntaron al fiscal que tiene que probar que sus defendidos no trabajaban. Rodríguez argumentó que son los abogados los que van a tener que justificar cómo trabajaban sus defendidos, incluso acusó que hubo gente que estaba en Buenos Aires y no conoce provincia.
“Si te dan 70 mil pesos sin trabajar y vivir en Buenos Aires, la persona que tiene esa posibilidad y no tiene escrúpulos lo va a hacer”, sostuvo.
El fiscal también solicitó que se establezca el proceso como “causa compleja”, por la cantidad de hechos que se deben investigar y el volumen de información que se debe verificar, y ante la dificultad de recabar cierta información en el marco de la pandemia, manifestó que la investigación se debería extender de un plazo de seis meses a un año. Los defensores se opusieron.
“Existe un número importante de personas y de hechos. Hay mucha evidencia que tenemos que incorporar y se vuelven difíciles de obtenerte porque no están funcionando todos los organismos”, ensayó Rodríguez que no descartó que se presente otra acusación contra Torres Otarola sobre enriquecimiento ilícito por una cifra de dinero que aún se investiga: “Hay muchos movimientos de dinero”, apuntó.
La jueza Ivana González resolvió pasar a un cuarto intermedio para resolver en horas de la tarde, de acuerdo al análisis del material presentado y los dichos de los participantes durante la audiencia. Pero luego se determinó que la audiencia por apertura de investigación continúeel jueves.