Ley Bases: hay que ponerle límites a Milei
- Por Esteban Gallo
El vocero presidencial, Manuel Adorni anunció el viernes pasado que el proyecto de Ley Bases se debatirá en el Senado en la semana del 10 de junio y manifestó su convencimiento de que será aprobado por los legisladores.
Aunque “a seguro se lo llevaron preso”, hay que reconocer que el gobierno dio un paso hacia adelante en esa dirección.
En medio de negociaciones enmarañadas, la polémica senadora chubutense Andrea Cristina ocupó nuevamente un rol protagónico, al estampar la firma que se necesitaba para que el proyecto tuviera el dictamen favorable de la comisión.
La joven legisladora que responde a los mandos de Ana Clara Romero, ya había sido noticia en marzo de este año cuando votó “por error” en contra del proyecto de coparticipación del impuesto al cheque que había presentado el mismísimo Nacho Torres.
Ahora que firmó el dictamen de la Ley Base, ya no sabemos si solo es “una caída del catre” o si en realidad fue reclutada para “hacer los mandados” y recibir los cachetazos.
Una de las cuestiones centrales que formará parte de la discusión en los días venideros será la implementación del famoso Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, que fue rechazada por la mayoría de las cámaras empresarias, salvo la FECH, que conduce Carlos Lorenzo, que parece estar sintonizando otro canal.
Los gobernadores de la Patagonia confían en que, tras las negociaciones pertinentes, algunos puntos del proyecto original serán modificados, mientras los sectores productivos y los ciudadanos de la región esperan que a los mandatarios y legisladores que los representan no les tiemble el pulso a la hora de exigir las modificaciones que correspondan hacer a favor de los intereses de nuestros pueblos.
Si el RIGI se aprueba como fue presentado originalmente, los únicos beneficiados serán los intereses extranjeros y quedaran afuera del juego las pequeñas y medianas empresas de la región, que son las principales generadoras de empleo y las que deberían recibir especial atención del gobierno en medio de la brutal crisis económica que las afecta.
Si al proyecto no se le pone un freno, las provincias perderán el control sobre los recursos naturales que les pertenecen y no tendrán participación en el proceso de elección de las inversiones.
¡Se dan cuenta de lo que eso significaría!
Si no se toca, el sistema que propone el gobierno de Milei concederá a los inversores extranjeros un régimen de importaciones sin aranceles, y no tendrán la obligación de contratar empresas argentinas ni mano de obra local.
El famoso RIGI establecerá un esquema de colonización empresarial extranjera, colocando al país en el triste papel de ser un mero proveedor de materias primas. Lo dijo el titular de CIMA, Oscar Dethier, en este mismo programa, “no podemos ser solamente exportadores de commodities, tenemos que venderle al mundo cosas de mayor valor”.
El RIGI será sometido a evaluación en los próximos días, pero no será el único asunto a debatir.
La defensa de algunos organismos del Estado, como el INCA, el SENASA, el INCUCAI, será otro. Los tiempos de evaluación de los procesos de privatización, el sistema de aportes de las obras sociales sindicales, la Ley Fiscal y el impuesto a las ganancias, también serán colocados en la mesa de discusión.
Hay un mensaje muy tirado de los pelos que baja de algunos comunicadores oficialistas tendiente a transmitir la idea de que, para gobernar, el gobierno necesita la Ley Bases y que el que se opone a ello es poco menos que un hereje.
Eso es absurdo.
La Constitucional Nacional establece que la función primordial del Senado es deliberar y sancionar leyes. Otra función esencial es ejercer el control de gobierno.
En ningún lado dice que los senadores tienen que “tirarle centros” al gobierno de turno o “salvarle la ropa”.
Al contrario, los legisladores están para ejercer el control y poner límites.
Si a este presidente desbocado nadie le pone límites, el futuro de los chubutenses está en grave peligro.
- Por Esteban Gallo
El vocero presidencial, Manuel Adorni anunció el viernes pasado que el proyecto de Ley Bases se debatirá en el Senado en la semana del 10 de junio y manifestó su convencimiento de que será aprobado por los legisladores.
Aunque “a seguro se lo llevaron preso”, hay que reconocer que el gobierno dio un paso hacia adelante en esa dirección.
En medio de negociaciones enmarañadas, la polémica senadora chubutense Andrea Cristina ocupó nuevamente un rol protagónico, al estampar la firma que se necesitaba para que el proyecto tuviera el dictamen favorable de la comisión.
La joven legisladora que responde a los mandos de Ana Clara Romero, ya había sido noticia en marzo de este año cuando votó “por error” en contra del proyecto de coparticipación del impuesto al cheque que había presentado el mismísimo Nacho Torres.
Ahora que firmó el dictamen de la Ley Base, ya no sabemos si solo es “una caída del catre” o si en realidad fue reclutada para “hacer los mandados” y recibir los cachetazos.
Una de las cuestiones centrales que formará parte de la discusión en los días venideros será la implementación del famoso Régimen de Incentivo para las Grandes Inversiones, que fue rechazada por la mayoría de las cámaras empresarias, salvo la FECH, que conduce Carlos Lorenzo, que parece estar sintonizando otro canal.
Los gobernadores de la Patagonia confían en que, tras las negociaciones pertinentes, algunos puntos del proyecto original serán modificados, mientras los sectores productivos y los ciudadanos de la región esperan que a los mandatarios y legisladores que los representan no les tiemble el pulso a la hora de exigir las modificaciones que correspondan hacer a favor de los intereses de nuestros pueblos.
Si el RIGI se aprueba como fue presentado originalmente, los únicos beneficiados serán los intereses extranjeros y quedaran afuera del juego las pequeñas y medianas empresas de la región, que son las principales generadoras de empleo y las que deberían recibir especial atención del gobierno en medio de la brutal crisis económica que las afecta.
Si al proyecto no se le pone un freno, las provincias perderán el control sobre los recursos naturales que les pertenecen y no tendrán participación en el proceso de elección de las inversiones.
¡Se dan cuenta de lo que eso significaría!
Si no se toca, el sistema que propone el gobierno de Milei concederá a los inversores extranjeros un régimen de importaciones sin aranceles, y no tendrán la obligación de contratar empresas argentinas ni mano de obra local.
El famoso RIGI establecerá un esquema de colonización empresarial extranjera, colocando al país en el triste papel de ser un mero proveedor de materias primas. Lo dijo el titular de CIMA, Oscar Dethier, en este mismo programa, “no podemos ser solamente exportadores de commodities, tenemos que venderle al mundo cosas de mayor valor”.
El RIGI será sometido a evaluación en los próximos días, pero no será el único asunto a debatir.
La defensa de algunos organismos del Estado, como el INCA, el SENASA, el INCUCAI, será otro. Los tiempos de evaluación de los procesos de privatización, el sistema de aportes de las obras sociales sindicales, la Ley Fiscal y el impuesto a las ganancias, también serán colocados en la mesa de discusión.
Hay un mensaje muy tirado de los pelos que baja de algunos comunicadores oficialistas tendiente a transmitir la idea de que, para gobernar, el gobierno necesita la Ley Bases y que el que se opone a ello es poco menos que un hereje.
Eso es absurdo.
La Constitucional Nacional establece que la función primordial del Senado es deliberar y sancionar leyes. Otra función esencial es ejercer el control de gobierno.
En ningún lado dice que los senadores tienen que “tirarle centros” al gobierno de turno o “salvarle la ropa”.
Al contrario, los legisladores están para ejercer el control y poner límites.
Si a este presidente desbocado nadie le pone límites, el futuro de los chubutenses está en grave peligro.