Paraguay: nueva información en crimen que costó la presidencia a Lugo

La diligencia en la localidad paraguaya de Curuguaty para reconstruir la masacre que en 2012 causó 17 muertos y el desplazamiento mediante un juicio político express del presidente Fernando Lugo finalizó anoche con la localización de posiciones ocupadas por los policías y los lugares donde se hallaron los cadáveres de 11 campesinos.

03 JUN 2016 - 10:56 | Actualizado

La reconstrucción es parte del juicio que comenzó en Asunción en julio del año pasado por esa matanza, en la que murieron once labriegos y seis policías.

El operativo judicial tuvo lugar en la finca de la empresa Campos Morombí, donde se produjo la matanza a raíz de un tiroteo originado cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras para pedir que se integrasen a la reforma agraria.

Se trata de una de los últimos trámites en el juicio que se sigue contra once campesinos.

Todos ellos están acusados por la muerte de seis policías en la masacre, mientras que no hay ningún imputado por la muerte de los once trabajadores.

Durante la reconstrucción en la finca Campos Morombí, un topógrafo del Instituto Geográfico Militar se encargó de geolocalizar los puntos en los que hicieron su formación los diferentes cuerpos policiales que intervinieron en el desalojo.

El técnico, con la ayuda del perito Elbio Rojas, que ya participó en el levantamiento de los cadáveres tras la masacre, señalizó los puntos donde fue hallado cada uno de los campesinos fallecidos.

Rojas declaró a Efe que durante su primera inspección, unas tres o cuatro horas después de la masacre, halló nueve cadáveres de campesinos ocultos entre el pastizal, mientras que al día siguiente encontró otros dos de civiles a unos 50 metros del sendero donde tuvo lugar el tiroteo.

El perito aseguró que en el lapso entre ambas intervenciones ingresaron en la finca personas ajenas a la investigación, que pudieron alterar la escena de los hechos y colectar evidencias, como casquillos de bala, de forma irregular.

Expuso que los accesos al recinto estaban custodiados por personal policial, pero en torno al lugar de los hechos no había ningún cordón con agentes.

Además del topógrafo y el perito, en la reconstrucción de los hechos participó un centenar de testigos, la mayor parte policías que tomaron parte en el desalojo, así como los jueces, fiscales y abogados defensores en la causa.

En cambio, no intervinieron los campesinos acusados, debido a que, según sus defensores, no hay manera de demostrar su participación en los hechos.

"Ninguno de los policías identificó a los acusados, ni dijo quiénes eran ni dio sus nombres. Muchos de ellos no tuvieron participación en los hechos, incluso fueron aprehendidos en otros lugares. Entonces, ¿qué tienen que ir a confrontar en la reconstrucción?", declaró Amelio Sisco, defensor de varios de los acusados.

Según Sisco, la reconstrucción demuestra que "los policías tenían posiciones privilegiadas", con vista panorámica, presencia en todos los flancos, el factor sorpresa a su favor y "las armas necesarias para matar, no solo a los campesinos, sino también a sus camaradas".

En cambio, la Fiscalía sostiene que los campesinos, unas 70 personas entre las que se encontraban mujeres con niños en brazos, tendieron una emboscada a los más de 300 agentes.

Esta emboscada pudo deberse a un "posible exceso de confianza o descuido" del comandante de la operación, el comisario Erven Lovera, fallecido en la masacre, que "creyó que podría persuadir a los campesinos" para que abandonasen el lugar en forma pacífica, refirió el fiscal de la causa, Nelson Ruiz.

La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado encabezado por el mandatario Horacio Cartes para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, destituido una semana más tarde en un procedimiento exprés que organismos internacionales como Unasur o Mercosur tildaron de "irregular" y varios expertos como "golpe blando".

03 JUN 2016 - 10:56

La reconstrucción es parte del juicio que comenzó en Asunción en julio del año pasado por esa matanza, en la que murieron once labriegos y seis policías.

El operativo judicial tuvo lugar en la finca de la empresa Campos Morombí, donde se produjo la matanza a raíz de un tiroteo originado cuando varios centenares de policías acudieron a desalojar a unos 70 campesinos que ocupaban unas tierras para pedir que se integrasen a la reforma agraria.

Se trata de una de los últimos trámites en el juicio que se sigue contra once campesinos.

Todos ellos están acusados por la muerte de seis policías en la masacre, mientras que no hay ningún imputado por la muerte de los once trabajadores.

Durante la reconstrucción en la finca Campos Morombí, un topógrafo del Instituto Geográfico Militar se encargó de geolocalizar los puntos en los que hicieron su formación los diferentes cuerpos policiales que intervinieron en el desalojo.

El técnico, con la ayuda del perito Elbio Rojas, que ya participó en el levantamiento de los cadáveres tras la masacre, señalizó los puntos donde fue hallado cada uno de los campesinos fallecidos.

Rojas declaró a Efe que durante su primera inspección, unas tres o cuatro horas después de la masacre, halló nueve cadáveres de campesinos ocultos entre el pastizal, mientras que al día siguiente encontró otros dos de civiles a unos 50 metros del sendero donde tuvo lugar el tiroteo.

El perito aseguró que en el lapso entre ambas intervenciones ingresaron en la finca personas ajenas a la investigación, que pudieron alterar la escena de los hechos y colectar evidencias, como casquillos de bala, de forma irregular.

Expuso que los accesos al recinto estaban custodiados por personal policial, pero en torno al lugar de los hechos no había ningún cordón con agentes.

Además del topógrafo y el perito, en la reconstrucción de los hechos participó un centenar de testigos, la mayor parte policías que tomaron parte en el desalojo, así como los jueces, fiscales y abogados defensores en la causa.

En cambio, no intervinieron los campesinos acusados, debido a que, según sus defensores, no hay manera de demostrar su participación en los hechos.

"Ninguno de los policías identificó a los acusados, ni dijo quiénes eran ni dio sus nombres. Muchos de ellos no tuvieron participación en los hechos, incluso fueron aprehendidos en otros lugares. Entonces, ¿qué tienen que ir a confrontar en la reconstrucción?", declaró Amelio Sisco, defensor de varios de los acusados.

Según Sisco, la reconstrucción demuestra que "los policías tenían posiciones privilegiadas", con vista panorámica, presencia en todos los flancos, el factor sorpresa a su favor y "las armas necesarias para matar, no solo a los campesinos, sino también a sus camaradas".

En cambio, la Fiscalía sostiene que los campesinos, unas 70 personas entre las que se encontraban mujeres con niños en brazos, tendieron una emboscada a los más de 300 agentes.

Esta emboscada pudo deberse a un "posible exceso de confianza o descuido" del comandante de la operación, el comisario Erven Lovera, fallecido en la masacre, que "creyó que podría persuadir a los campesinos" para que abandonasen el lugar en forma pacífica, refirió el fiscal de la causa, Nelson Ruiz.

La masacre de Curuguaty sirvió de base al entonces opositor y hoy gobernante Partido Colorado encabezado por el mandatario Horacio Cartes para impulsar un juicio político al presidente Fernando Lugo, destituido una semana más tarde en un procedimiento exprés que organismos internacionales como Unasur o Mercosur tildaron de "irregular" y varios expertos como "golpe blando".


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