Paraguay no quiere que la CIDH se ocupe de Lugo
Paraguay le pedirá a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de la OEA que archive la causa que inició el ex presidente Fernando Lugo por el juicio político por el que fue destituido en 2012, en el que, consideró, se violó su derecho a la defensa.
La Cancillería adelantó que un representante del Ejecutivo ofrecerá el miércoles en Washington la respuesta del Estado paraguayo al requerimiento de información de julio pasado de la CIDH, que contesta a una demanda que Lugo elevó al organismo internacional en diciembre de 2012, seis meses después de su destitución.
En este pedido, Lugo denunció que el juicio parlamentario que terminó con su Gobierno en junio de 2012 -y que duró apenas 48 horas- violó el derecho a un proceso justo y a la legítima defensa.
En su demanda, el ex mandatario solicitó a la CIDH su "reposición en el cargo, el pago de haberes caídos, los gastos ocasionados en el juicio político y en este procedimiento, así como las indemnizaciones por daños al honor y reputación", según un comunicado de la Cancillería.
El Gobierno del presidente Horacio Cartes manifestará "la inadmisibilidad" de la demanda ante la CIDH con anexos del Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, así como de la Corte Suprema de Justicia.
"Vamos a responder porque es nuestra obligación, pero no hay ninguna preocupación al respecto. Nosotros vamos a pedir el rechazo de la petición, la no admisibilidad del procedimiento planteado por Lugo", enfatizó hoy el canciller Eladio Loizaga en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En junio de 2012, la llamada masacre de Curuguaty, ocurrida en un predio en disputa entre una empresa sojera y campesinos, en el departamento de Canindeyú, dejó 11 labriegos y 6 policías muertos e impulsó el juicio parlamentario contra Lugo una semana más tarde.
Tras el proceso, en el que se unieron colorados y liberales -hasta ahí, aliados del mandatario- Lugo fue destituido en un proceso considerado "una alteración del orden democrático" por el Mercosur, por lo que Paraguay fue suspendido del bloque, hasta su reincorporación en 2013 con la llegada al poder de Cartes.
Ya hace años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el juicio político a Lugo fue "altamente cuestionable", por la manera expedita en que se hizo.
La Cancillería adelantó que un representante del Ejecutivo ofrecerá el miércoles en Washington la respuesta del Estado paraguayo al requerimiento de información de julio pasado de la CIDH, que contesta a una demanda que Lugo elevó al organismo internacional en diciembre de 2012, seis meses después de su destitución.
En este pedido, Lugo denunció que el juicio parlamentario que terminó con su Gobierno en junio de 2012 -y que duró apenas 48 horas- violó el derecho a un proceso justo y a la legítima defensa.
En su demanda, el ex mandatario solicitó a la CIDH su "reposición en el cargo, el pago de haberes caídos, los gastos ocasionados en el juicio político y en este procedimiento, así como las indemnizaciones por daños al honor y reputación", según un comunicado de la Cancillería.
El Gobierno del presidente Horacio Cartes manifestará "la inadmisibilidad" de la demanda ante la CIDH con anexos del Congreso Nacional, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, así como de la Corte Suprema de Justicia.
"Vamos a responder porque es nuestra obligación, pero no hay ninguna preocupación al respecto. Nosotros vamos a pedir el rechazo de la petición, la no admisibilidad del procedimiento planteado por Lugo", enfatizó hoy el canciller Eladio Loizaga en la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores.
En junio de 2012, la llamada masacre de Curuguaty, ocurrida en un predio en disputa entre una empresa sojera y campesinos, en el departamento de Canindeyú, dejó 11 labriegos y 6 policías muertos e impulsó el juicio parlamentario contra Lugo una semana más tarde.
Tras el proceso, en el que se unieron colorados y liberales -hasta ahí, aliados del mandatario- Lugo fue destituido en un proceso considerado "una alteración del orden democrático" por el Mercosur, por lo que Paraguay fue suspendido del bloque, hasta su reincorporación en 2013 con la llegada al poder de Cartes.
Ya hace años la Comisión Interamericana de Derechos Humanos dijo que el juicio político a Lugo fue "altamente cuestionable", por la manera expedita en que se hizo.