Canciller paraguayo, sorprendido por pedido de la CIDH sobre Lugo

El canciller de Paraguay, Eladio Loizaga, consideró llamativo y sorprendente que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) requiriera tardíamente información al Estado sobre el juicio político express que en menos de 48 horas decidió la polémica destitución del presidente paraguayo Fernando Lugo en 2012.

21 JUL 2015 - 10:41 | Actualizado

El propio Loizaga trasladó la semana pasada al Congreso el requerimiento de la CIDH, que responde a una demanda que Lugo elevó al organismo internacional en diciembre de 2012, seis meses después de su intempestiva salida.

En este pedido, Lugo denunció que el juicio parlamentario que terminó con su gobierno en junio de 2012 violó el derecho a un proceso justo y a la legítima defensa.

Loizaga expresó a radio Cardinal, que "llama poderosamente la atención que después de dos años" desde que Lugo presentara la demanda, la CIDH "haya corrido traslado a esa petición".

Argumentó que el pedido del ex gobernante estuvo "cajoneado dos años y medio", y que su admisión a trámite en 2015 "conspira contra la seriedad de la CIDH".

Agregó que "por lo conversado en Brasilia", durante las reuniones de cancilleres de Mercosur en Brasil que mantuvo la pasada semana, "causa mucha sorpresa la actitud de la Comisión" con respecto al juicio a Lugo.

En junio de 2012, una masacre ocurrida en unas tierras en disputa entre una empresa sojera y campesinos de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, que dejó 11 trabajadores y 6 policías muertos, impulsó el juicio parlamentario contra Fernando Lugo una semana más tarde.

Tras un juicio político desusadamente veloz, que duró menos de dos días, Lugo fue depuesto en un proceso considerado "una alteración del orden democrático" por el Mercosur, lo que valió la expulsión de Paraguay del bloque hasta su reincorporación en 2013, con la llegada al poder de Horacio Cartes.

En su momento, la CIDH calificó al juicio político a Lugo de "altamente cuestionable" por la manera expedita en que se instrumentó.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que posee el objetivo de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.

21 JUL 2015 - 10:41

El propio Loizaga trasladó la semana pasada al Congreso el requerimiento de la CIDH, que responde a una demanda que Lugo elevó al organismo internacional en diciembre de 2012, seis meses después de su intempestiva salida.

En este pedido, Lugo denunció que el juicio parlamentario que terminó con su gobierno en junio de 2012 violó el derecho a un proceso justo y a la legítima defensa.

Loizaga expresó a radio Cardinal, que "llama poderosamente la atención que después de dos años" desde que Lugo presentara la demanda, la CIDH "haya corrido traslado a esa petición".

Argumentó que el pedido del ex gobernante estuvo "cajoneado dos años y medio", y que su admisión a trámite en 2015 "conspira contra la seriedad de la CIDH".

Agregó que "por lo conversado en Brasilia", durante las reuniones de cancilleres de Mercosur en Brasil que mantuvo la pasada semana, "causa mucha sorpresa la actitud de la Comisión" con respecto al juicio a Lugo.

En junio de 2012, una masacre ocurrida en unas tierras en disputa entre una empresa sojera y campesinos de Curuguaty, en el departamento de Canindeyú, que dejó 11 trabajadores y 6 policías muertos, impulsó el juicio parlamentario contra Fernando Lugo una semana más tarde.

Tras un juicio político desusadamente veloz, que duró menos de dos días, Lugo fue depuesto en un proceso considerado "una alteración del orden democrático" por el Mercosur, lo que valió la expulsión de Paraguay del bloque hasta su reincorporación en 2013, con la llegada al poder de Horacio Cartes.

En su momento, la CIDH calificó al juicio político a Lugo de "altamente cuestionable" por la manera expedita en que se instrumentó.

La CIDH es un órgano autónomo de la Organización de los Estados Americanos (OEA) que posee el objetivo de promover la observancia de los derechos humanos en la región y actúa como órgano consultivo de la OEA en la materia.


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