Por Lorena Leeming
El caso no está cerrado todavía. Tenemos pruebas que acreditan lo que ocurrió”. A más de un año de la sentencia que absolvió a cinco policías acusados de abuso sexual y vejaciones a un menor en la Seccional Segunda, la fiscal María Tolomei ratifica su acusación. Valoró el fallo del juez César Zaratiegui que ordenó “echar” a dos efectivos condenados en juicio abreviado. “Se les dan armas, uniformes e insignias para proteger a la población y, en vez de hacerlo, abusan de su autoridad. Interpretar que puedan seguir en la Fuerza, provoca impunidad”.
La doctora Tolomei estuvo a cargo de la investigación. El chico de 16 años denunció haber sido violado y privado ilegítimamente de la libertad. La detención fue a las 7 de la mañana y estaba con su novia. Ocurrió el 18 de enero de 2012 y se elevó a juicio en marzo de 2013. Los jueces Darío Arguiano, Ivana González y Adrián Barrios absolvieron a 5 de los imputados.
Se trata de los uniformados Anibal Muñoz, Carlos Treuquil, Carlos Pato y Sergio Castillo por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por dos o más personas y por personal perteneciente a las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones en concurso ideal con tortura y real con privación ilegítima de la libertad cometida con violencia. El quinto, Hugo Ortiz estaba acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia en concurso real con vejaciones.
Los otros dos policías, Mario Bevacqua y Adolfo Carballo reconocieron sus imputaciones y fueron condenados en juicio abreviado a 3 años de prisión y a la inhabilitación especial, medida que les prohibía seguir cumpliendo funciones dentro de la provincia. Pero fueron reubicados en sus funciones. Por eso, el juez penal de Trelew, Cesar Zaratiegui, dictaminó mediante una resolución que queden fuera de la fuerza policial.
Sobre esta decisión reflexionó Tolomei: “ El fallo se ajusta a derecho”, aseguró que se registraron algunos casos similares en la Provincia, en que la propia Institución policial y algunos jueces consideran que la inhabilitación a un empleado policial es solo para portar armas o para desempeñar tareas de seguridad.
Dijo la fiscal que con este criterio, un policía condenado por aplicar severidades o vejaciones a una persona detenida, puede continuar siendo policía, sólo que es destinado a realizar tareas administrativas. De tal manera, la interpretación que se da no sólo es contraria al marco jurídico que rige sino que significa lisa y llanamente “ impunidad para este tipo de delitos”.
Refirió Tolomei que “se les dan armas, uniformes e insignias para proteger a la población y, en vez de hacerlo, abusan de su autoridad. Lesionan así no solo la dignidad personal y la libertad de los ciudadanos afectados, sino también las expectativas que deposita la sociedad en ellos cuando les da la facultad de usar la fuerza pública”, indicó.
Aclaró que en este caso, se involucra un problema de violencia institucional. “Estuvo planteado como tortura. Como es sabido, hubo afectados que aceptaron el juicio abreviado no por la calificación de tortura sino por las otras calificaciones. Por privación de la libertad agravada por violencia. Y por el delito de vejaciones”, explicó.
Impunidad
María Tolomei agregó que la necesidad de que policías condenados o procesados no desarrollen más tareas como policías no es solo de la sociedad en general sino que la Constitución Provincial así lo establece. “A partir de tratados que dicen que en casos específico que se verificara tratos denigrantes, serán exonerados del servicio”, describió.
Explicó al respecto que “interpretado de otra manera, que pueden seguir cumpliendo funciones aun cuando no sean funciones concretas a las que por las que fueran condenados, es totalmente en contra a la manda constitucional. Tampoco corresponde interpretarlo”, aclaró.
No obstante admitió que hay tribunales que interpretan que la restricción puede ser limitada. Pero sostuvo que esta actitud “lo que provoca es impunidad. No puede seguir dentro del empleo policial. Afectó la libertad de una persona y el regular ejercicio de su función”, reiteró.
“Tienen que cumplirla”
Sobre la resolución del juez Zaratiegui apuntó que “tiene que ser cumplida. Así lo pidió la Fiscalía. Que se oficiara a Jefatura de Policía para que diera cumplimiento inmediato a la manda judicial bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Determinó que la inhabilitación implicaba la privación y la pérdida del empleo. Lo otro, es una interpretación restringida”, informó
Opinó Tolomei sobre el fallo. “Es una la decisión ajustada a derecho. El fallo fue fundamentado y muy bueno. Es lo que nos marca nuestra normativa. Es lo que corresponde”, resaltó.
La madre del joven se refirió en su momento a los elementos que la Fiscalía reunió para establecer qué es lo que le sucedió a su hijo. Dijo que “las pruebas que se reunieron un año y tres meses después de ocurrido el episodio son firmes y contundentes para el grupito de cinco policías que quedaron enjuiciados” destacó, recordando que “fueron 11 los que estuvieron. Que a algunos no los hayan encontrado culpables, no quiere decir que no hayan sido responsables. Ellos fueron tan responsables como los que están imputados porque se encargaron de encubrir a través de sus mentiras para proteger a sus pares”, indicó.
El último día de audiencia en el juicio, se proyectó un video en el que la víctima se refería al tribunal de enjuiciamiento atento a que prefirió no estar presente en la audiencia por el estado en que se encontraba. Su madre dijo que no declaró pero “pasaron un video para esa instancia. Fue un pedido hacia los jueces. Llorando pidió que se haga justicia., que no vuelva a pasar con ningún chico más y que esas personas que se encontraban enjuiciadas eran los que les habían robado su inocencia y que apagaron sus sueños. Pero también dijo que el nacimiento de su hija, le dio motivos para seguir adelante. Quiere que se haga justicia”, remarcó.
Sobre el hecho en particular hizo especial referencia el padre, Fernando Almonacid antes del debate de enjuiciamiento. Explicó que “mi hijo estaba enfrente de mi casa junto con su novia y otros amigos del barrio cuando fue detenido el miércoles por la policía sin ninguna razón según me dicen los vecinos y los propios chicos”.
“La detención se produce alrededor de las 7, un rato después que yo me fui al trabajo ya que entro a las 6 de la mañana” explicó, asegurando que “si no van mi esposa y mi hijo lo matan”.
El joven fue liberado a las dos horas de haber ingresado a la comisaría “totalmente mojado, suponemos para lavar cualquier rastro, golpeado y hecho un desastre” y si bien primero cuenta que “solamente” lo golpearon, luego revela que le introdujeron el bastón policial en el ano.
La familia Almonacid vive en el barrio Presidente Perón de Trelew, sobre el pasaje San Luis Norte.
Estela Alvarado estuvo al pie del cañón desde la hora cero del debate que inició el 7 de marzo de 2013 por lo que en desgracia, le tocó vivir a su hijo. El hermetismo del juicio fue total. Ninguna de las partes informó el desarrollo del mismo por una disposición firmada por el juez Darío Arguiano, quien junto a Ivana González y Adrián Barrios integró el Tribunal.
Volvió a referirse en ese momento, la mujer respecto a los elementos que el Ministerio Público Fical logró reunir para probar la culpabilidad de los efectivos policiales. “Mi hijo es el hijo de todos, hay pruebas suficientes para condenar a los 5 policías que llegaron a esta instancia de enjuiciamiento”, reiteró.
La fiscal María Tolomei indicó en ese sentido que se aguarda la resolución del Superior Tribunal de Justicia que podría anular la absolución resuelta y declarar la nulidad para realizar un nuevo juicio y evitar que el caso quede impune.
Por Lorena Leeming
El caso no está cerrado todavía. Tenemos pruebas que acreditan lo que ocurrió”. A más de un año de la sentencia que absolvió a cinco policías acusados de abuso sexual y vejaciones a un menor en la Seccional Segunda, la fiscal María Tolomei ratifica su acusación. Valoró el fallo del juez César Zaratiegui que ordenó “echar” a dos efectivos condenados en juicio abreviado. “Se les dan armas, uniformes e insignias para proteger a la población y, en vez de hacerlo, abusan de su autoridad. Interpretar que puedan seguir en la Fuerza, provoca impunidad”.
La doctora Tolomei estuvo a cargo de la investigación. El chico de 16 años denunció haber sido violado y privado ilegítimamente de la libertad. La detención fue a las 7 de la mañana y estaba con su novia. Ocurrió el 18 de enero de 2012 y se elevó a juicio en marzo de 2013. Los jueces Darío Arguiano, Ivana González y Adrián Barrios absolvieron a 5 de los imputados.
Se trata de los uniformados Anibal Muñoz, Carlos Treuquil, Carlos Pato y Sergio Castillo por el delito de abuso sexual gravemente ultrajante agravado por haber sido cometido por dos o más personas y por personal perteneciente a las fuerzas policiales en ocasión de sus funciones en concurso ideal con tortura y real con privación ilegítima de la libertad cometida con violencia. El quinto, Hugo Ortiz estaba acusado de privación ilegítima de la libertad agravada por haber sido cometida con violencia en concurso real con vejaciones.
Los otros dos policías, Mario Bevacqua y Adolfo Carballo reconocieron sus imputaciones y fueron condenados en juicio abreviado a 3 años de prisión y a la inhabilitación especial, medida que les prohibía seguir cumpliendo funciones dentro de la provincia. Pero fueron reubicados en sus funciones. Por eso, el juez penal de Trelew, Cesar Zaratiegui, dictaminó mediante una resolución que queden fuera de la fuerza policial.
Sobre esta decisión reflexionó Tolomei: “ El fallo se ajusta a derecho”, aseguró que se registraron algunos casos similares en la Provincia, en que la propia Institución policial y algunos jueces consideran que la inhabilitación a un empleado policial es solo para portar armas o para desempeñar tareas de seguridad.
Dijo la fiscal que con este criterio, un policía condenado por aplicar severidades o vejaciones a una persona detenida, puede continuar siendo policía, sólo que es destinado a realizar tareas administrativas. De tal manera, la interpretación que se da no sólo es contraria al marco jurídico que rige sino que significa lisa y llanamente “ impunidad para este tipo de delitos”.
Refirió Tolomei que “se les dan armas, uniformes e insignias para proteger a la población y, en vez de hacerlo, abusan de su autoridad. Lesionan así no solo la dignidad personal y la libertad de los ciudadanos afectados, sino también las expectativas que deposita la sociedad en ellos cuando les da la facultad de usar la fuerza pública”, indicó.
Aclaró que en este caso, se involucra un problema de violencia institucional. “Estuvo planteado como tortura. Como es sabido, hubo afectados que aceptaron el juicio abreviado no por la calificación de tortura sino por las otras calificaciones. Por privación de la libertad agravada por violencia. Y por el delito de vejaciones”, explicó.
Impunidad
María Tolomei agregó que la necesidad de que policías condenados o procesados no desarrollen más tareas como policías no es solo de la sociedad en general sino que la Constitución Provincial así lo establece. “A partir de tratados que dicen que en casos específico que se verificara tratos denigrantes, serán exonerados del servicio”, describió.
Explicó al respecto que “interpretado de otra manera, que pueden seguir cumpliendo funciones aun cuando no sean funciones concretas a las que por las que fueran condenados, es totalmente en contra a la manda constitucional. Tampoco corresponde interpretarlo”, aclaró.
No obstante admitió que hay tribunales que interpretan que la restricción puede ser limitada. Pero sostuvo que esta actitud “lo que provoca es impunidad. No puede seguir dentro del empleo policial. Afectó la libertad de una persona y el regular ejercicio de su función”, reiteró.
“Tienen que cumplirla”
Sobre la resolución del juez Zaratiegui apuntó que “tiene que ser cumplida. Así lo pidió la Fiscalía. Que se oficiara a Jefatura de Policía para que diera cumplimiento inmediato a la manda judicial bajo apercibimiento de incurrir en delito de desobediencia. Determinó que la inhabilitación implicaba la privación y la pérdida del empleo. Lo otro, es una interpretación restringida”, informó
Opinó Tolomei sobre el fallo. “Es una la decisión ajustada a derecho. El fallo fue fundamentado y muy bueno. Es lo que nos marca nuestra normativa. Es lo que corresponde”, resaltó.
La madre del joven se refirió en su momento a los elementos que la Fiscalía reunió para establecer qué es lo que le sucedió a su hijo. Dijo que “las pruebas que se reunieron un año y tres meses después de ocurrido el episodio son firmes y contundentes para el grupito de cinco policías que quedaron enjuiciados” destacó, recordando que “fueron 11 los que estuvieron. Que a algunos no los hayan encontrado culpables, no quiere decir que no hayan sido responsables. Ellos fueron tan responsables como los que están imputados porque se encargaron de encubrir a través de sus mentiras para proteger a sus pares”, indicó.
El último día de audiencia en el juicio, se proyectó un video en el que la víctima se refería al tribunal de enjuiciamiento atento a que prefirió no estar presente en la audiencia por el estado en que se encontraba. Su madre dijo que no declaró pero “pasaron un video para esa instancia. Fue un pedido hacia los jueces. Llorando pidió que se haga justicia., que no vuelva a pasar con ningún chico más y que esas personas que se encontraban enjuiciadas eran los que les habían robado su inocencia y que apagaron sus sueños. Pero también dijo que el nacimiento de su hija, le dio motivos para seguir adelante. Quiere que se haga justicia”, remarcó.
Sobre el hecho en particular hizo especial referencia el padre, Fernando Almonacid antes del debate de enjuiciamiento. Explicó que “mi hijo estaba enfrente de mi casa junto con su novia y otros amigos del barrio cuando fue detenido el miércoles por la policía sin ninguna razón según me dicen los vecinos y los propios chicos”.
“La detención se produce alrededor de las 7, un rato después que yo me fui al trabajo ya que entro a las 6 de la mañana” explicó, asegurando que “si no van mi esposa y mi hijo lo matan”.
El joven fue liberado a las dos horas de haber ingresado a la comisaría “totalmente mojado, suponemos para lavar cualquier rastro, golpeado y hecho un desastre” y si bien primero cuenta que “solamente” lo golpearon, luego revela que le introdujeron el bastón policial en el ano.
La familia Almonacid vive en el barrio Presidente Perón de Trelew, sobre el pasaje San Luis Norte.
Estela Alvarado estuvo al pie del cañón desde la hora cero del debate que inició el 7 de marzo de 2013 por lo que en desgracia, le tocó vivir a su hijo. El hermetismo del juicio fue total. Ninguna de las partes informó el desarrollo del mismo por una disposición firmada por el juez Darío Arguiano, quien junto a Ivana González y Adrián Barrios integró el Tribunal.
Volvió a referirse en ese momento, la mujer respecto a los elementos que el Ministerio Público Fical logró reunir para probar la culpabilidad de los efectivos policiales. “Mi hijo es el hijo de todos, hay pruebas suficientes para condenar a los 5 policías que llegaron a esta instancia de enjuiciamiento”, reiteró.
La fiscal María Tolomei indicó en ese sentido que se aguarda la resolución del Superior Tribunal de Justicia que podría anular la absolución resuelta y declarar la nulidad para realizar un nuevo juicio y evitar que el caso quede impune.