¿Cómo es posible que los conflictos se prolonguen hasta el desgaste, llevando a pensar que esto es una estrategia de gobierno? ¿Cómo es posible que en nuestra sociedad se haya instalado el convencimiento que los únicos medios eficaces para un reclamo justo sean los cortes de ruta o medidas de fuerza extorsivas?”.
Estas dos preguntas con respuestas en sí mismas, son parte del mensaje pascual que cada año emiten los obispos patagónicos, entre los que están Joaquín Gimeno Lahoz, tiutlar del Obispado de Comodoro Rivadavia, y José Slaby, de la Prelatura de Esquel.
La contundencia de las preguntas no hace más que fortalecer la posición que tienen millones de argentinos, que desde hace un tiempo se oponen al uso excesivo de una herramienta de reclamo que a todas luces es ilegal, pero que en algunos casos se justifica socialmente.
Para los obispos patagónicos, en cambio, no hay excepciones: “¿Cómo puede ser que estemos legitimando el ilícito como herramienta necesaria de toda negociación, convirtiéndolo en un derecho? Actuar así nos enfrenta y confronta, nos divide y paraliza”, sentenciaron.
Los líderes de la Iglesia Católica en la Patagonia escribieron un mensaje mucho más amplio, y hasta le dedicaron un sonoro cachetazo a los sectores económicos, con los que la Iglesia no suele meterse: “Nos preocupa el aprovechamiento de muchos empresarios y comerciantes en el alza desproporcionada de los precios”, señalaron.
El “palo” para los gobernantes no se hizo esperara: “La Pascua puede significar para ellos también un llamado a resucitar con un nuevo espíritu: el del servicio y del bien común, libres de todo interés falso.”
Los obispos pidieron por una sociedad “en la que podemos afrontar los problemas y conflictos sin enfrentamientos, adelantándonos en un compromiso claro y contundente por el bien común, evitando ser rehenes o cómplices de situaciones a veces extorsivas; sociedad en la que rechazamos toda violencia, corrupción y deshonestidad, porque buscan ganancias a cualquier precio perjudicando a todos, especialmente a los más pobres”. Contundente.
“Guerra santa” contra PAE
Lejos del mensaje pascual de los obispos, el Gobierno de Chubut y la principal operadora petrolera de la provincia, Pan American Energy (PAE), protagonizaron esta semana otro capítulo de su guerra sin cuartel.
El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, aseguró que ya comenzó con un proceso de embargo de las cuentas de la petrolera PAE por la falta de pagos de tributos.
PAE, en tanto, contraatacó presentando una demanda internacional contra el Estado chubutense, en la que solicita un pago compensatorio de 50 millones de dólares por la toma de Cerro Dragón, a mediados de 2012.
El resarcimiento, que se discutirá en los tribunales de París (Francia), se basa en que la petrolera entiende que el Gobierno es responsable de las pérdidas económicas producidas en la toma que protagonizaron los “Dragones”.
La demanda, que hasta esta semana era desconocida por casi todos, fue confirmada por el fiscal de Estado, Miguel Montoya, que tiene hasta el último día de abril para contestarla.
Esta semana, además de responder más de una vez por los 17 mil pesos que cobra de “gastos de bloque” (en verdad, es una disposición de 1988 que ningún gobierno derogó), el vicegobernador César Gustavo Mac Karthy se metió en la polémica entre el Gobierno y PAE: “Si se tira de la soga, se pueden poner en riesgo las inversiones”, dijo.
“PAE debería ser socio estratégico de Chubut, el Estado no debe tomarla como enemiga”, sugirió. Sonó razonable.
La Provincia y PAE tienen todo el derecho de defender sus posiciones en cualquier ámbito si entienden que la contraparte no cumple con los pactos preexistentes. Pero lo que no pueden hacer es entrar en una guerra sin cuartel en la que se ponga en riesgo el equilibrio económico de Chubut.
Ningún conflicto es irreconciliable, salvo en los casos en que las peleas públicas se dan por cuestiones privadas que la mayoría ignora.
Gobernadores en peligro
La decisión de dos juezas (Ivana González y Patricia Asaro), que respaldaron un dictamen de otro juez (Fabio Monti), fue una de las “marcadas de cancha” más resonantes que haya sufrido la política chubutense en mucho tiempo.
Es por el caso del préstamo de 10 millones de pesos que la Provincia le otorgó el año pasado a la empresa Alpesca, que fue denunciado por diputados provinciales del Modelo Chubut ante la presunción de que se cometió una “administración fraudulenta” de fondos públicos.
Para Monti, y ahora para González y Asaro, el gobernador y sus ministros tienen inmunidad de arresto pero no de proceso. Es una novedad que tres magistrados chubutenses piensen esto. Nunca antes, otro juez se había animado a desafiar la institución del juicio político como herramienta constitucional para juzgar un presunto acto irregular en el ejercicio de la función pública.
Cualquiera que haya leído la Constitución Provincial sabe que el Artículo 17 dice expresamente que “a todos los efectos penales y procesales, se consideran vigentes hasta la finalización del período para el que fueron elegidos, los fueros, inmunidades y privilegios de los funcionarios constitucionales”.
Y que “en consecuencia son nulas de nulidad absoluta todas la condenas penales, civiles, administrativas y accesorias que se dicten en contravención a ésta norma.”
El Artículo 198 es más claro aún, al abundar sobre el Juicio Político como única herramienta para juzgar las irregularidades de la función: “El gobernador, el vicegobernador y sus ministros, pueden ser denunciados ante la Legislatura por incapacidad sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por falta de cumplimiento a los deberes de su cargo o por delitos comunes.”
Es decir, a Buzzi, la ministra Gabriela Dufour o a cualquier otro funcionario de este o de cualquier otro gobierno se lo puede juzgar por sus errores o por sus delitos, en el caso de que los cometieran. Pero si son en el ejercicio de su función, primero hay que pasar por la Legislatura, conseguir los dos tercios de los votos y lograr el desafuero para que sean juzgados. O, en su defecto, esperar hasta que dejen de gozar de sus fueros y puedan ser sometidos a proceso sin la sensación de que se está violando la Constitución.
Antecedente peligroso
Que tres jueces hayan considerado que los fueros del gobernador (y en este caso, también el de una ministra) no alcancen para proteger la toma decisiones inherentes a su cargo, es una mala señal no sólo para Buzzi sino para todos aquellos que tengan pensado sentarse en el principal despacho de Fontana 50.
Aunque ningún dirigente de la oposición abrió la boca para defender, aunque sea mínimamente, la posición del actual gobernador, los próximos gobernadores de Chubut tendrían que saber que la puerta que abrieron Monti, González y Asaro no se cerrará con el caso del préstamo a Alpesca.
Es posible que en el futuro, muchos otros gobernadores pasen más tiempo en los Tribunales sometiéndose a las denuncias que les harán por el ejercicio de su función, que gobernando.
¿Cómo es posible que los conflictos se prolonguen hasta el desgaste, llevando a pensar que esto es una estrategia de gobierno? ¿Cómo es posible que en nuestra sociedad se haya instalado el convencimiento que los únicos medios eficaces para un reclamo justo sean los cortes de ruta o medidas de fuerza extorsivas?”.
Estas dos preguntas con respuestas en sí mismas, son parte del mensaje pascual que cada año emiten los obispos patagónicos, entre los que están Joaquín Gimeno Lahoz, tiutlar del Obispado de Comodoro Rivadavia, y José Slaby, de la Prelatura de Esquel.
La contundencia de las preguntas no hace más que fortalecer la posición que tienen millones de argentinos, que desde hace un tiempo se oponen al uso excesivo de una herramienta de reclamo que a todas luces es ilegal, pero que en algunos casos se justifica socialmente.
Para los obispos patagónicos, en cambio, no hay excepciones: “¿Cómo puede ser que estemos legitimando el ilícito como herramienta necesaria de toda negociación, convirtiéndolo en un derecho? Actuar así nos enfrenta y confronta, nos divide y paraliza”, sentenciaron.
Los líderes de la Iglesia Católica en la Patagonia escribieron un mensaje mucho más amplio, y hasta le dedicaron un sonoro cachetazo a los sectores económicos, con los que la Iglesia no suele meterse: “Nos preocupa el aprovechamiento de muchos empresarios y comerciantes en el alza desproporcionada de los precios”, señalaron.
El “palo” para los gobernantes no se hizo esperara: “La Pascua puede significar para ellos también un llamado a resucitar con un nuevo espíritu: el del servicio y del bien común, libres de todo interés falso.”
Los obispos pidieron por una sociedad “en la que podemos afrontar los problemas y conflictos sin enfrentamientos, adelantándonos en un compromiso claro y contundente por el bien común, evitando ser rehenes o cómplices de situaciones a veces extorsivas; sociedad en la que rechazamos toda violencia, corrupción y deshonestidad, porque buscan ganancias a cualquier precio perjudicando a todos, especialmente a los más pobres”. Contundente.
“Guerra santa” contra PAE
Lejos del mensaje pascual de los obispos, el Gobierno de Chubut y la principal operadora petrolera de la provincia, Pan American Energy (PAE), protagonizaron esta semana otro capítulo de su guerra sin cuartel.
El gobernador de Chubut, Martín Buzzi, aseguró que ya comenzó con un proceso de embargo de las cuentas de la petrolera PAE por la falta de pagos de tributos.
PAE, en tanto, contraatacó presentando una demanda internacional contra el Estado chubutense, en la que solicita un pago compensatorio de 50 millones de dólares por la toma de Cerro Dragón, a mediados de 2012.
El resarcimiento, que se discutirá en los tribunales de París (Francia), se basa en que la petrolera entiende que el Gobierno es responsable de las pérdidas económicas producidas en la toma que protagonizaron los “Dragones”.
La demanda, que hasta esta semana era desconocida por casi todos, fue confirmada por el fiscal de Estado, Miguel Montoya, que tiene hasta el último día de abril para contestarla.
Esta semana, además de responder más de una vez por los 17 mil pesos que cobra de “gastos de bloque” (en verdad, es una disposición de 1988 que ningún gobierno derogó), el vicegobernador César Gustavo Mac Karthy se metió en la polémica entre el Gobierno y PAE: “Si se tira de la soga, se pueden poner en riesgo las inversiones”, dijo.
“PAE debería ser socio estratégico de Chubut, el Estado no debe tomarla como enemiga”, sugirió. Sonó razonable.
La Provincia y PAE tienen todo el derecho de defender sus posiciones en cualquier ámbito si entienden que la contraparte no cumple con los pactos preexistentes. Pero lo que no pueden hacer es entrar en una guerra sin cuartel en la que se ponga en riesgo el equilibrio económico de Chubut.
Ningún conflicto es irreconciliable, salvo en los casos en que las peleas públicas se dan por cuestiones privadas que la mayoría ignora.
Gobernadores en peligro
La decisión de dos juezas (Ivana González y Patricia Asaro), que respaldaron un dictamen de otro juez (Fabio Monti), fue una de las “marcadas de cancha” más resonantes que haya sufrido la política chubutense en mucho tiempo.
Es por el caso del préstamo de 10 millones de pesos que la Provincia le otorgó el año pasado a la empresa Alpesca, que fue denunciado por diputados provinciales del Modelo Chubut ante la presunción de que se cometió una “administración fraudulenta” de fondos públicos.
Para Monti, y ahora para González y Asaro, el gobernador y sus ministros tienen inmunidad de arresto pero no de proceso. Es una novedad que tres magistrados chubutenses piensen esto. Nunca antes, otro juez se había animado a desafiar la institución del juicio político como herramienta constitucional para juzgar un presunto acto irregular en el ejercicio de la función pública.
Cualquiera que haya leído la Constitución Provincial sabe que el Artículo 17 dice expresamente que “a todos los efectos penales y procesales, se consideran vigentes hasta la finalización del período para el que fueron elegidos, los fueros, inmunidades y privilegios de los funcionarios constitucionales”.
Y que “en consecuencia son nulas de nulidad absoluta todas la condenas penales, civiles, administrativas y accesorias que se dicten en contravención a ésta norma.”
El Artículo 198 es más claro aún, al abundar sobre el Juicio Político como única herramienta para juzgar las irregularidades de la función: “El gobernador, el vicegobernador y sus ministros, pueden ser denunciados ante la Legislatura por incapacidad sobreviniente, por delitos en el desempeño de sus funciones, por falta de cumplimiento a los deberes de su cargo o por delitos comunes.”
Es decir, a Buzzi, la ministra Gabriela Dufour o a cualquier otro funcionario de este o de cualquier otro gobierno se lo puede juzgar por sus errores o por sus delitos, en el caso de que los cometieran. Pero si son en el ejercicio de su función, primero hay que pasar por la Legislatura, conseguir los dos tercios de los votos y lograr el desafuero para que sean juzgados. O, en su defecto, esperar hasta que dejen de gozar de sus fueros y puedan ser sometidos a proceso sin la sensación de que se está violando la Constitución.
Antecedente peligroso
Que tres jueces hayan considerado que los fueros del gobernador (y en este caso, también el de una ministra) no alcancen para proteger la toma decisiones inherentes a su cargo, es una mala señal no sólo para Buzzi sino para todos aquellos que tengan pensado sentarse en el principal despacho de Fontana 50.
Aunque ningún dirigente de la oposición abrió la boca para defender, aunque sea mínimamente, la posición del actual gobernador, los próximos gobernadores de Chubut tendrían que saber que la puerta que abrieron Monti, González y Asaro no se cerrará con el caso del préstamo a Alpesca.
Es posible que en el futuro, muchos otros gobernadores pasen más tiempo en los Tribunales sometiéndose a las denuncias que les harán por el ejercicio de su función, que gobernando.