En Tierra del Fuego buscan democratizar la Justicia
La gobernadora Fabiana Ríos presentó ante el Consejo Económico y Social de la provincia un proyecto para modificar el sistema de selección y remoción de jueces, además de la participación de consejeros populares.
La iniciativa de la gobernadora Fabiana Ríos establece que en la etapa de entrevistas a candidatos a jueces provinciales, el Consejo de la Magistratura deberá designar dos vecinos que no sean abogados, para que intervengan en la evaluación de los postulantes en las mismas condiciones que los demás consejeros.
El proyecto fue enviado al CEyS como paso previo a su remisión a la Legislatura provincial, donde debería tratarse como una modificación a la ley provincial 8 de funcionamiento de la Magistratura provincial.
La selección de jueces en Tierra del Fuego se realiza hasta ahora a través de un órgano integrado por siete miembros, de los cuales dos son legisladores provinciales, uno es ministro del Poder Ejecutivo, uno es el Fiscal de Estado, uno es el presidente del Superior Tribunal y dos son abogados de la matrícula.
Distintas organizaciones que integran el CEyS plantearon, incluso, la realización de una enmienda constitucional para modificar la integración del Consejo de la Magistratura e incorporar consejeros populares.
“Desde hace 12 años que organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y partidos políticos fueguinos impulsan modificaciones al sistema de selección de magistrados y la discusión les es negada en forma sistemática. Es hora de hacernos cargo de este debate”, sostuvo la gobernadora aludiendo también al contexto de democratización de la Justicia que impulsa el Gobierno Nacional.
Por su parte el director ejecutivo de la ONG Participación Ciudadana de Ushuaia, Guillermo Worman, reclamó a los actores políticos y operadores judiciales de la provincia “permitir una reforma que contemple un mayor equilibrio de poderes, transparencia y democracia en el método de selección y participación de ciudadanos comunes en ese proceso”.
Worman citó como ejemplo de funcionamiento al Consejo de la Magistratura de Chubut, “un organismo vigente desde 1994 donde participan cinco consejeros populares sobre un total de catorce miembros y en donde cada sector está representado sin que prevalezca uno sobre el otro”.
El proyecto de ley de la administración Ríos también contempla otros reclamos históricos en materia de elección de jueces provinciales, como la realización de concursos púbicos con jurados académicos, la publicidad irrestricta de las sesiones del organismo, el voto fundado de sus miembros cuando toman decisiones y un examen psicofísico para los candidatos.
Si bien el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego fue el primero en funcionar en el país, ya que la Constitución fueguina lo incorporó en 1991, su funcionamiento derivó en escándalo como el ocurrido el 6 de agosto de 2003, cuando la postulante a jueza penal Sandra Pesclevi fue seleccionada por el organismo pero no pudo jurar en el cargo, porque en ese momento estaba presa, acusada en un caso de corrupción en Buenos Aires, según confirmaron a Télam fuentes de la Justicia fueguina.
La iniciativa de la gobernadora Fabiana Ríos establece que en la etapa de entrevistas a candidatos a jueces provinciales, el Consejo de la Magistratura deberá designar dos vecinos que no sean abogados, para que intervengan en la evaluación de los postulantes en las mismas condiciones que los demás consejeros.
El proyecto fue enviado al CEyS como paso previo a su remisión a la Legislatura provincial, donde debería tratarse como una modificación a la ley provincial 8 de funcionamiento de la Magistratura provincial.
La selección de jueces en Tierra del Fuego se realiza hasta ahora a través de un órgano integrado por siete miembros, de los cuales dos son legisladores provinciales, uno es ministro del Poder Ejecutivo, uno es el Fiscal de Estado, uno es el presidente del Superior Tribunal y dos son abogados de la matrícula.
Distintas organizaciones que integran el CEyS plantearon, incluso, la realización de una enmienda constitucional para modificar la integración del Consejo de la Magistratura e incorporar consejeros populares.
“Desde hace 12 años que organizaciones de la sociedad civil, colegios de abogados y partidos políticos fueguinos impulsan modificaciones al sistema de selección de magistrados y la discusión les es negada en forma sistemática. Es hora de hacernos cargo de este debate”, sostuvo la gobernadora aludiendo también al contexto de democratización de la Justicia que impulsa el Gobierno Nacional.
Por su parte el director ejecutivo de la ONG Participación Ciudadana de Ushuaia, Guillermo Worman, reclamó a los actores políticos y operadores judiciales de la provincia “permitir una reforma que contemple un mayor equilibrio de poderes, transparencia y democracia en el método de selección y participación de ciudadanos comunes en ese proceso”.
Worman citó como ejemplo de funcionamiento al Consejo de la Magistratura de Chubut, “un organismo vigente desde 1994 donde participan cinco consejeros populares sobre un total de catorce miembros y en donde cada sector está representado sin que prevalezca uno sobre el otro”.
El proyecto de ley de la administración Ríos también contempla otros reclamos históricos en materia de elección de jueces provinciales, como la realización de concursos púbicos con jurados académicos, la publicidad irrestricta de las sesiones del organismo, el voto fundado de sus miembros cuando toman decisiones y un examen psicofísico para los candidatos.
Si bien el Consejo de la Magistratura de Tierra del Fuego fue el primero en funcionar en el país, ya que la Constitución fueguina lo incorporó en 1991, su funcionamiento derivó en escándalo como el ocurrido el 6 de agosto de 2003, cuando la postulante a jueza penal Sandra Pesclevi fue seleccionada por el organismo pero no pudo jurar en el cargo, porque en ese momento estaba presa, acusada en un caso de corrupción en Buenos Aires, según confirmaron a Télam fuentes de la Justicia fueguina.