En una época política en la que se pide mayor democratización de la justicia, la apertura de este poder a la sociedad y una actitud crítica a su actuación, no pasó por alto en sectores del quehacer jurídico que, con el apoyo de los miembros integrantes del Poder Judicial en ese cuerpo, se confirmó en el Consejo de la Magistratura al juez de Esquel Javier Allende, no obstante una denuncia de malos tratos y otras cuestiones.
El Consejo tiene como función evaluar, al cabo de los primeros tres años, la aptitud e idoneidad de un juez ingresante. Una función que busca corregir errores de selección. Uno de los evaluados de este año fue Allende.
El informe de la comisión de evaluación (cuestionada en una sesión del Consejo por estar integrada únicamente por miembros del Poder Judicial, cuando lo correcto y habitual es que haya también abogados y representantes populares), expresó que “algunos de los magistrados informaron que habían escuchado quejas por el trato de parte de personal administrativo, efectuándose inclusive desde la Oficina Judicial cuestionamientos ´a su trato con el personal´, que en general ´se siente desvalorizado, por las formas inadecuadas utilizadas por Allende en el trato con ellos, especialmente con los Agentes de Sala, que prestan colaboración para el desarrollo de las audiencias´”, señalando puntualmente que “el trato fue autoritario y con malas maneras, por lo que coinciden todos en la pretensión de exigir a Allende el trato respetuoso que la función impone”.
No obstante ello, los evaluadores Cristina Jones (de Esquel) y Silvia Alonso (de Comodoro Rivadavia), junto con Mónica Koenidger (representante de los empleados judiciales), concluyeron que la actuación de Allende debía ser calificada como “satisfactoria”.
En tribunales y en el propio Consejo causó gran impacto esta decisión, pues los evaluadores tuvieron conocimiento de un “trato autoritario”, con “malas maneras” y “descortés”, como así también de quejas de abogados de Esquel y de personas que intervinieron en juicios, y no obstante ello declararon “satisfactoria” su actuación. Para otros miembros del Consejo de la Magistratura (que votaron en disidencia), otra debió ser la conclusión, señalando al respecto que los jueces deben cumplir con las pautas de austeridad, honorabilidad, honestidad, mesura y respeto.
Duras críticas
Lo que más se destaca en el informe de evaluación es que dice que no fueron “todos” los evaluados los que se quejaron, y que el maltrato “no era permanente”. Las palabras huelgan. Además, en la evaluación hubo duras críticas a la actuación del magistrado en las causas del amparo ambiental de la planta potabilizadora de Carrenleufú; en el robo de una importante suma de dinero a un abogado de Trevelin, y en el robo a un comercio de Esquel.
Como se sabe, la tarea judicial exige una singular ejemplaridad de vida, que trasciende el desempeño estrictamente funcional del cargo. La “buena conducta” que exige a los magistrados la Constitución Provincial abarca la entera y respetuosa actuación de los magistrados, dentro y fuera del tribunal, y excede el limitado ámbito de las normas para abarcar principios éticos y de educación.
Es evidente que en este caso el sistema de control falló. La votación salió 7 a 6 a favor de declarar satisfactoria la actuación del juez evaluado. Un dato debe quedar presente: todos los consejeros populares, los que representan a la gente común, votaron en contra. El juez quedó confirmado, es cierto, pero como dijo el representante popular de Esquel, Roberto Lewis, debe tener muy presente que lo fue con el favor de la corporación y sin el voto de ellos.
En una época política en la que se pide mayor democratización de la justicia, la apertura de este poder a la sociedad y una actitud crítica a su actuación, no pasó por alto en sectores del quehacer jurídico que, con el apoyo de los miembros integrantes del Poder Judicial en ese cuerpo, se confirmó en el Consejo de la Magistratura al juez de Esquel Javier Allende, no obstante una denuncia de malos tratos y otras cuestiones.
El Consejo tiene como función evaluar, al cabo de los primeros tres años, la aptitud e idoneidad de un juez ingresante. Una función que busca corregir errores de selección. Uno de los evaluados de este año fue Allende.
El informe de la comisión de evaluación (cuestionada en una sesión del Consejo por estar integrada únicamente por miembros del Poder Judicial, cuando lo correcto y habitual es que haya también abogados y representantes populares), expresó que “algunos de los magistrados informaron que habían escuchado quejas por el trato de parte de personal administrativo, efectuándose inclusive desde la Oficina Judicial cuestionamientos ´a su trato con el personal´, que en general ´se siente desvalorizado, por las formas inadecuadas utilizadas por Allende en el trato con ellos, especialmente con los Agentes de Sala, que prestan colaboración para el desarrollo de las audiencias´”, señalando puntualmente que “el trato fue autoritario y con malas maneras, por lo que coinciden todos en la pretensión de exigir a Allende el trato respetuoso que la función impone”.
No obstante ello, los evaluadores Cristina Jones (de Esquel) y Silvia Alonso (de Comodoro Rivadavia), junto con Mónica Koenidger (representante de los empleados judiciales), concluyeron que la actuación de Allende debía ser calificada como “satisfactoria”.
En tribunales y en el propio Consejo causó gran impacto esta decisión, pues los evaluadores tuvieron conocimiento de un “trato autoritario”, con “malas maneras” y “descortés”, como así también de quejas de abogados de Esquel y de personas que intervinieron en juicios, y no obstante ello declararon “satisfactoria” su actuación. Para otros miembros del Consejo de la Magistratura (que votaron en disidencia), otra debió ser la conclusión, señalando al respecto que los jueces deben cumplir con las pautas de austeridad, honorabilidad, honestidad, mesura y respeto.
Duras críticas
Lo que más se destaca en el informe de evaluación es que dice que no fueron “todos” los evaluados los que se quejaron, y que el maltrato “no era permanente”. Las palabras huelgan. Además, en la evaluación hubo duras críticas a la actuación del magistrado en las causas del amparo ambiental de la planta potabilizadora de Carrenleufú; en el robo de una importante suma de dinero a un abogado de Trevelin, y en el robo a un comercio de Esquel.
Como se sabe, la tarea judicial exige una singular ejemplaridad de vida, que trasciende el desempeño estrictamente funcional del cargo. La “buena conducta” que exige a los magistrados la Constitución Provincial abarca la entera y respetuosa actuación de los magistrados, dentro y fuera del tribunal, y excede el limitado ámbito de las normas para abarcar principios éticos y de educación.
Es evidente que en este caso el sistema de control falló. La votación salió 7 a 6 a favor de declarar satisfactoria la actuación del juez evaluado. Un dato debe quedar presente: todos los consejeros populares, los que representan a la gente común, votaron en contra. El juez quedó confirmado, es cierto, pero como dijo el representante popular de Esquel, Roberto Lewis, debe tener muy presente que lo fue con el favor de la corporación y sin el voto de ellos.