En ese encuentro se acordará el financiamiento de una auditoria ambiental en Puerto Madryn, que incluirá un control permanente con tecnología de avanzada.
El costo de dotar al Estado de los recursos técnicos y humanos los deberá cubrir la planta de aluminio que tiene base en la ciudad del Golfo. La auditoria se realizará con la participación del Estado provincial y entidades públicas nacionales e internacionales que se requieran. Todas deberán contar con “reconocida capacidad técnica”, tal lo exigió el fiscal Blas Meza Evans.
La obligación de que Aluar financie este control se decidió tras un extenso análisis de Meza Evans. En diálogo con Canal 3, el funcionario provincial recordó que recibió una presentación de los diputados provinciales del bloque del Frente para la Victoria. El tema original había pasado por la Oficina Anticorrupción que comanda Marcos Sánchez, que analizó si la aluminera debía o no pagar la multa de 14 millones de dólares que se le había impuesto por presunta contaminación en 2009 y que había condonado el exministro de Ambiente, Juan Garitano.
“Desde la Fiscalía de Estado efectuamos un pormenorizado análisis que concluyó con un dictamen donde se impulsará a partir de los primeros días de febrero una audiencia con la intervención de Aluar y del Ministerio de Ambiente a fin de que la empresa contribuya en un 100 por ciento en la realización de una auditoria integral”, aseguró Meza Evans.
En torno a la decisión de Garitano, que en 2011 condonó la millonaria multa, el fiscal de Estado explicó que la postura del gobierno de Martín Buzzi fue dejar firme esa condonación. “Realizar una medida contraria implicaba que la Fiscalía de Estado afrontase un proceso judicial contra el Superior Tribunal de Justicia, el cual seguramente iba a tener el mismo fin que la multa anterior de 150 mil pesos que se le impuso a Aluar y que significó una derrota judicial para la Provincia, ya que el Superior entiende que el Código Ambiental que se le aplica a Aluar no cumple con todos los requisitos constitucionales para aplicar este tipo de sanciones”.
Con este panorama, “creemos que a partir de ese fallo donde se le recomienda a los poderes Ejecutivo y Legislativo modificar el Código Ambiental de la provincia, resulta casi imposible intentar algún tipo de acción donde discutamos la multa porque existe es precedente”.
Meza Evans admitió que “tenemos interrogantes hace muchos años vinculados a si Aluar contamina o no. El Estado debe dar una respuesta contundente y que la población tenga absoluta claridad sobre qué es lo que sucede en relación a esta empresa”. En este sentido el fiscal considera que “si contamina debe dejar de hacerlo, y si no lo hace debe quedar científicamente comprobado”. Quien debe pagar el costo de llegar a esta respuesta es la propia firma, “mientras que es el Estado el que debe conducir este proceso”.
Por su parte, el diputado del Frente para la Victoria, Oscar Petersen, uno de los impulsores de la causa Aluar, aseguró que se siente conformes con sus presentaciones. “La ciudadanía de Chubut se enteró de cuan deficitaria es la situación del Ministerio de Ambiente. Dio sus frutos porque finalmente el Superior nos terminó dando la razón en una de las multas de 150 mil pesos al decir que no existe una legislación para poder aplicar esas sanciones. Esto quiere decir que estamos al ´garete`, estamos en el aire”, graficó.
El legislador de Puerto Madryn señaló que la modificación del Código Ambiental “es un desafío legislativo” aunque remarcó que “uno esperaba que una vez conocida la sentencia del Superior rápidamente el Ejecutivo se hubiese puesto a trabajar en un nuevo proyecto o modificar la ley actual. Nos hemos quedado un poquito en el tiempo y de última lo tendremos que hacer nosotros, pero correspondía que el Gobierno enviase un proyecto al respecto para que la ley fuese aplicable”.
En torno a la auditoria que deberá solventar Aluar, recordó que cuando se la multó con 14 millones de pesos “también se pidió aplicar una auditoria que tal vez iba a ser más costosa que la propia deuda. Ahora veremos si estas iniciativas propuestas por Meza Evans se aplican. Yo tengo un gran temor de que esto no suceda”, concluyó.
En ese encuentro se acordará el financiamiento de una auditoria ambiental en Puerto Madryn, que incluirá un control permanente con tecnología de avanzada.
El costo de dotar al Estado de los recursos técnicos y humanos los deberá cubrir la planta de aluminio que tiene base en la ciudad del Golfo. La auditoria se realizará con la participación del Estado provincial y entidades públicas nacionales e internacionales que se requieran. Todas deberán contar con “reconocida capacidad técnica”, tal lo exigió el fiscal Blas Meza Evans.
La obligación de que Aluar financie este control se decidió tras un extenso análisis de Meza Evans. En diálogo con Canal 3, el funcionario provincial recordó que recibió una presentación de los diputados provinciales del bloque del Frente para la Victoria. El tema original había pasado por la Oficina Anticorrupción que comanda Marcos Sánchez, que analizó si la aluminera debía o no pagar la multa de 14 millones de dólares que se le había impuesto por presunta contaminación en 2009 y que había condonado el exministro de Ambiente, Juan Garitano.
“Desde la Fiscalía de Estado efectuamos un pormenorizado análisis que concluyó con un dictamen donde se impulsará a partir de los primeros días de febrero una audiencia con la intervención de Aluar y del Ministerio de Ambiente a fin de que la empresa contribuya en un 100 por ciento en la realización de una auditoria integral”, aseguró Meza Evans.
En torno a la decisión de Garitano, que en 2011 condonó la millonaria multa, el fiscal de Estado explicó que la postura del gobierno de Martín Buzzi fue dejar firme esa condonación. “Realizar una medida contraria implicaba que la Fiscalía de Estado afrontase un proceso judicial contra el Superior Tribunal de Justicia, el cual seguramente iba a tener el mismo fin que la multa anterior de 150 mil pesos que se le impuso a Aluar y que significó una derrota judicial para la Provincia, ya que el Superior entiende que el Código Ambiental que se le aplica a Aluar no cumple con todos los requisitos constitucionales para aplicar este tipo de sanciones”.
Con este panorama, “creemos que a partir de ese fallo donde se le recomienda a los poderes Ejecutivo y Legislativo modificar el Código Ambiental de la provincia, resulta casi imposible intentar algún tipo de acción donde discutamos la multa porque existe es precedente”.
Meza Evans admitió que “tenemos interrogantes hace muchos años vinculados a si Aluar contamina o no. El Estado debe dar una respuesta contundente y que la población tenga absoluta claridad sobre qué es lo que sucede en relación a esta empresa”. En este sentido el fiscal considera que “si contamina debe dejar de hacerlo, y si no lo hace debe quedar científicamente comprobado”. Quien debe pagar el costo de llegar a esta respuesta es la propia firma, “mientras que es el Estado el que debe conducir este proceso”.
Por su parte, el diputado del Frente para la Victoria, Oscar Petersen, uno de los impulsores de la causa Aluar, aseguró que se siente conformes con sus presentaciones. “La ciudadanía de Chubut se enteró de cuan deficitaria es la situación del Ministerio de Ambiente. Dio sus frutos porque finalmente el Superior nos terminó dando la razón en una de las multas de 150 mil pesos al decir que no existe una legislación para poder aplicar esas sanciones. Esto quiere decir que estamos al ´garete`, estamos en el aire”, graficó.
El legislador de Puerto Madryn señaló que la modificación del Código Ambiental “es un desafío legislativo” aunque remarcó que “uno esperaba que una vez conocida la sentencia del Superior rápidamente el Ejecutivo se hubiese puesto a trabajar en un nuevo proyecto o modificar la ley actual. Nos hemos quedado un poquito en el tiempo y de última lo tendremos que hacer nosotros, pero correspondía que el Gobierno enviase un proyecto al respecto para que la ley fuese aplicable”.
En torno a la auditoria que deberá solventar Aluar, recordó que cuando se la multó con 14 millones de pesos “también se pidió aplicar una auditoria que tal vez iba a ser más costosa que la propia deuda. Ahora veremos si estas iniciativas propuestas por Meza Evans se aplican. Yo tengo un gran temor de que esto no suceda”, concluyó.