Trata de personas: salió del infierno
En Esquel, una mujer y su bebé fueron rescatados por Gendarmería de una red de trata de personas. Hubo varios allanamientos.
Personal del Escuadrón 36 “Esquel” de Gendarmería Nacional, realizó ayer operativos en distintos lugares de la ciudad, por orden del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, y en el marco de la Ley Nº 26.842 de Trata de Personas, aprobada por el Congreso y promulgada en diciembre por el Gobierno Nacional. En esos procedimientos rescataron una joven mujer y su bebé, que habrían estado tomados por una red de trata de personas, en una casa de la esquina de avenida Alvear y Brown.
Los procedimientos comenzaron alrededor de las 10 de la mañana en locales nocturnos donde atienden mujeres que comparten copas con los concurrentes, y ofrecen sexo a cambio de dinero. Pero también los gendarmes fueron a una casa de Alvear y Brown, llamada “la bombonerita” que luce en su fachada los colores amarillo y azul, donde hasta hace poco tiempo atrás funcionaba una wiskería, aunque seguiría funcionando como un reservado.
En ese mismo lugar residiría un grupo de mujeres de procedencia extranjera, puntualmente de la República Dominicana, que se radicó en Esquel hace varios años, y se dedican al trabajo de noche en diferentes locales de la periferia de la ciudad.
El trabajo de Gendarmería se hizo con total hermetismo en cuanto a la divulgación de datos a la prensa que pugnaba por hacerse de la información, pero sumando rumores se pudo armar la noticia de que buscaban a una mujer que habría llegado a la zona desde una provincia norteña, y habría caído en las redes de la trata de personas, engañada con el ofrecimiento de trabajo en el sur.
Según el sitio de internet “Noticias de Esquel”, en el operativo de Alvear y Brown fueron rescatados una joven proveniente de la provincia de Tucumán y su pequeño bebé, quienes habrían sido víctimas de una red de trata de personas.
Tal vez la inocencia, y la necesidad de trabajar de la víctima, la habría transportado al sur del país, donde teóricamente se desempeñaría como empleada doméstica, pero sus familiares habrían sospechado la situación y habrían denunciado una supuesta desaparición forzada producto de la trata. Si a la fuerza de seguridad se le ordenó buscar en locales de Esquel, seguramente la Justicia disponía de algún dato que daba a esta ciudad como posible sitio de presencia de la mujer, cuya edad no trascendió.
Estos procedimientos dispuestos por el Juez Federal Leonidas Moldes de Bariloche, además de haber tenido como resultado la liberación de la mujer y su hijo, habrían sido oportunos para revisar la documentación de las personas, y corroborar su presencia legal en el país, en caso de las chicas dominicanas, más aún cuando Gendarmería cumple la tarea relacionada con migraciones.
Recordemos que la Ley 26.842 ordena entre otras cosas, la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Junto a la normativa se aprobaron modificaciones a la Ley 26.364, entre las cuales se incluye la prisión de cuatro a seis años “para el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.
Personal del Escuadrón 36 “Esquel” de Gendarmería Nacional, realizó ayer operativos en distintos lugares de la ciudad, por orden del Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche, y en el marco de la Ley Nº 26.842 de Trata de Personas, aprobada por el Congreso y promulgada en diciembre por el Gobierno Nacional. En esos procedimientos rescataron una joven mujer y su bebé, que habrían estado tomados por una red de trata de personas, en una casa de la esquina de avenida Alvear y Brown.
Los procedimientos comenzaron alrededor de las 10 de la mañana en locales nocturnos donde atienden mujeres que comparten copas con los concurrentes, y ofrecen sexo a cambio de dinero. Pero también los gendarmes fueron a una casa de Alvear y Brown, llamada “la bombonerita” que luce en su fachada los colores amarillo y azul, donde hasta hace poco tiempo atrás funcionaba una wiskería, aunque seguiría funcionando como un reservado.
En ese mismo lugar residiría un grupo de mujeres de procedencia extranjera, puntualmente de la República Dominicana, que se radicó en Esquel hace varios años, y se dedican al trabajo de noche en diferentes locales de la periferia de la ciudad.
El trabajo de Gendarmería se hizo con total hermetismo en cuanto a la divulgación de datos a la prensa que pugnaba por hacerse de la información, pero sumando rumores se pudo armar la noticia de que buscaban a una mujer que habría llegado a la zona desde una provincia norteña, y habría caído en las redes de la trata de personas, engañada con el ofrecimiento de trabajo en el sur.
Según el sitio de internet “Noticias de Esquel”, en el operativo de Alvear y Brown fueron rescatados una joven proveniente de la provincia de Tucumán y su pequeño bebé, quienes habrían sido víctimas de una red de trata de personas.
Tal vez la inocencia, y la necesidad de trabajar de la víctima, la habría transportado al sur del país, donde teóricamente se desempeñaría como empleada doméstica, pero sus familiares habrían sospechado la situación y habrían denunciado una supuesta desaparición forzada producto de la trata. Si a la fuerza de seguridad se le ordenó buscar en locales de Esquel, seguramente la Justicia disponía de algún dato que daba a esta ciudad como posible sitio de presencia de la mujer, cuya edad no trascendió.
Estos procedimientos dispuestos por el Juez Federal Leonidas Moldes de Bariloche, además de haber tenido como resultado la liberación de la mujer y su hijo, habrían sido oportunos para revisar la documentación de las personas, y corroborar su presencia legal en el país, en caso de las chicas dominicanas, más aún cuando Gendarmería cumple la tarea relacionada con migraciones.
Recordemos que la Ley 26.842 ordena entre otras cosas, la creación del Consejo Federal para la Lucha contra la Trata y Explotación de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas.
Junto a la normativa se aprobaron modificaciones a la Ley 26.364, entre las cuales se incluye la prisión de cuatro a seis años “para el que explotare económicamente el ejercicio de la prostitución de una persona, aunque mediare el consentimiento de la víctima”.