Un programa de desendeudamiento que Chubut firmó con el Gobierno nacional a finales del año pasado y que fue ampliado en abril de este año, estaría virtualmente caído ya que se vencieron los plazos para ser aprobado por la Legislatura provincial.
De este modo, la Provincia no podrá acceder a la refinanciación de unos 638 millones de pesos de la actual deuda, lo que le impedirá un ahorro de 185 millones de pesos: 89 millones en 2012 y otros 96 millones durante 2013.
El convenio inicial fue firmado por el gobernador Buzzi el 28 de diciembre del año pasado, durante un acto en la Casa Rosada al que asistieron varios gobernadores que se acoplaron a un plan de desendeudamiento provincial.
Cuatro meses después, a mediados de abril de este año, Buzzi amplió aquel acuerdo y firmó uno en el que, además, se comprometía a desistir de cinco demandas contra el Estado nacional por más de 4.500 millones de pesos.
Esa segunda rúbrica se dio sin demasiados anuncios de parte del Gobierno provincial el 13 de abril, en el despacho del ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino.
En mayo, Jornada contó los detalles de aquel acuerdo, y ventiló la intención de avanzar en un desistimiento de los juicios, a pesar de que el mismo podría causarle a la Provincia más perjuicios que beneficios. La idea era renunciar de hecho a reclamos que podrían significar millonarios ingresos en dólares a las arcas provinciales por regalías hidrocarburíferas mal liquidadas en el pasado, que además incluían pagos millonarios en concepto de honorarios a los abogados contratados en 2004 para llevar adelante estas causas.
El acuerdo de abril tenía un par de artículos: el 1º decía textualmente que “la Provincia desiste de la acción y del derecho respecto del Estado Nacional en los juicios que se detallan en el Anexo al presente Acuerdo, por lo que a la fecha no tiene reclamos judiciales contra el Estado Nacional”.
En tanto, el 2º indicaba claramente que el acuerdo entrará en vigencia recién cuando “se apruebe en el ámbito del Estado Provincial a través de la norma que corresponda”, y le daba noventa días hábiles al Gobierno provincial para conseguir esa aprobación. Efectivamente, eso es lo que sucedió. La Comisión de Hacienda de la Legislatura provincial nunca trató el tema y el acuerdo está caído de hecho.
En esa comisión, quienes deberían haber impulsado el tema serían los diputados más cercanos a Buzzi, como Argentina “Ica” Martínez, Vicente Jara, Anselmo Montes, Oscar Petersen (FpV) y Gustavo Muñiz (del mackarthismo). Los restantes integrantes son Jerónimo García (PJ Modelo Chubut) y José Luis Lizurume (UCR).
Lo que no queda claro es qué pasó con el desistimiento, ya supuestamente esa era una tarea del fiscal de Estado, Blas Meza Evans.#
Un programa de desendeudamiento que Chubut firmó con el Gobierno nacional a finales del año pasado y que fue ampliado en abril de este año, estaría virtualmente caído ya que se vencieron los plazos para ser aprobado por la Legislatura provincial.
De este modo, la Provincia no podrá acceder a la refinanciación de unos 638 millones de pesos de la actual deuda, lo que le impedirá un ahorro de 185 millones de pesos: 89 millones en 2012 y otros 96 millones durante 2013.
El convenio inicial fue firmado por el gobernador Buzzi el 28 de diciembre del año pasado, durante un acto en la Casa Rosada al que asistieron varios gobernadores que se acoplaron a un plan de desendeudamiento provincial.
Cuatro meses después, a mediados de abril de este año, Buzzi amplió aquel acuerdo y firmó uno en el que, además, se comprometía a desistir de cinco demandas contra el Estado nacional por más de 4.500 millones de pesos.
Esa segunda rúbrica se dio sin demasiados anuncios de parte del Gobierno provincial el 13 de abril, en el despacho del ministro de Economía de la Nación, Hernán Lorenzino.
En mayo, Jornada contó los detalles de aquel acuerdo, y ventiló la intención de avanzar en un desistimiento de los juicios, a pesar de que el mismo podría causarle a la Provincia más perjuicios que beneficios. La idea era renunciar de hecho a reclamos que podrían significar millonarios ingresos en dólares a las arcas provinciales por regalías hidrocarburíferas mal liquidadas en el pasado, que además incluían pagos millonarios en concepto de honorarios a los abogados contratados en 2004 para llevar adelante estas causas.
El acuerdo de abril tenía un par de artículos: el 1º decía textualmente que “la Provincia desiste de la acción y del derecho respecto del Estado Nacional en los juicios que se detallan en el Anexo al presente Acuerdo, por lo que a la fecha no tiene reclamos judiciales contra el Estado Nacional”.
En tanto, el 2º indicaba claramente que el acuerdo entrará en vigencia recién cuando “se apruebe en el ámbito del Estado Provincial a través de la norma que corresponda”, y le daba noventa días hábiles al Gobierno provincial para conseguir esa aprobación. Efectivamente, eso es lo que sucedió. La Comisión de Hacienda de la Legislatura provincial nunca trató el tema y el acuerdo está caído de hecho.
En esa comisión, quienes deberían haber impulsado el tema serían los diputados más cercanos a Buzzi, como Argentina “Ica” Martínez, Vicente Jara, Anselmo Montes, Oscar Petersen (FpV) y Gustavo Muñiz (del mackarthismo). Los restantes integrantes son Jerónimo García (PJ Modelo Chubut) y José Luis Lizurume (UCR).
Lo que no queda claro es qué pasó con el desistimiento, ya supuestamente esa era una tarea del fiscal de Estado, Blas Meza Evans.#