Por tal motivo, la CPM reclamó políticas públicas estructurales para terminar con esas prácticas y celeridad en la investigación de estas causas. Según los denunciantes, el hecho ocurrió el 30 de julio último, en el pabellón de Separación del Área de Convivencia de la Unidad 32 de Florencio Varela, adonde fue derivado el interno Maximiliano Zapata Osores.
La CPM señaló que el detenido "hacía 10 días estaba alojado en un buzón de aislamiento (celda individual de castigo) a la espera de que se terminaran los trámites de ingreso a la Unidad y reclamaba a las autoridades por la visita de sus familiares, quienes permanecían a la intemperie sin poder ingresar".
"Ante la falta de respuesta de las autoridades (Zapata Osores) comenzó a golpear la puerta de la celda, hasta que personal del Servicio Penitenciario le disparó con balas de goma", agrega la denuncia. En un comunicado de prensa, la CPM señaló que el preso "logró cubrirse con una frazada y, luego de los disparos, siete penitenciarios comenzaron a golpearlo con palos de goma, patadas y golpes de puño".
"Veinticinco minutos después fue llevado esposado a sanidad y allí atendido por una enfermera o médica que no realizó curación ni le recetó medicamento alguno. Varias de las lesiones, aunque no todas, constan en su historia clínica", destaca el informe.
En la denuncia se afirma que Zapata Osores "luego fue alojado en SAC, donde le ataron las manos con una soga y lo colgaron de una abertura en la pared (presuntamente para colocar iluminación), a gran altura, al lado de la puerta de ingreso a la celda que apenas rozaba el piso con las puntas de los pies entre 7 y 8 horas".
La Comisión Por la Memoria sostuvo que por pedido de su familia la defensora Silvia Glew solicitó un habeas corpus al Juzgado de Ejecución 2 de San Martín el 31 de julio. "Como consecuencia de dicha presentación fue citado al juzgado y atendido por un secretario, quien le manifestó que si denunciaba tenía que hacerse cargo de su integridad ya que ellos no podían hacer nada, sólo trasladarlo al sistema federal", señala la nota.
Los denunciantes aclararon que "Maximiliano está detenido hace 6 años y padeció decenas de traslados por más de 30 unidades penitenciarias y sufrir reiterados hechos de torturas".
"Permaneció en aislamiento la mayor parte de su detención y en innumerables ocasiones fue torturado en los camiones de traslado, y reprimido con gas pimienta, quemado con cigarrillos, mojado con manguera de incendios, golpeado con palos, patadas y puños", explicaron.
Los integrantes de la Comisión indicaron que "las secuelas de semejante maltrato se observan en su cuerpo a través de gran cantidad de cicatrices y que muchos informes penitenciarios donde se registra que tuvo pelea con otros detenidos no son reales, sino que tienen que ver con represión o ataques sufridos".
Finalmente, la CPM comentó que "los traslados constantes y torturas han afectado sus vínculos familiares, la imposibilidad de ver con frecuencia a su hija de dos años, estudiar o trabajar y que tampoco le han brindado asistencia psicológica".
La Comisión Provincial Por la Memoria, que está integrada entre otros por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Marta Pelloni y Víctor de Gennaro, destacó "las distintas acciones positivas llevadas a cabo por el Estado provincial como el cierre de la Unidad 29 y de los pabellones de prevención de conductas violentas".
Sin embargo "esto no es suficiente, hace falta más esfuerzos y cambiar la política de seguridad y penitenciaria para terminar con estas prácticas. Es urgente terminar con la tortura y la impunidad que la sostiene", concluye el comunicado.
Por tal motivo, la CPM reclamó políticas públicas estructurales para terminar con esas prácticas y celeridad en la investigación de estas causas. Según los denunciantes, el hecho ocurrió el 30 de julio último, en el pabellón de Separación del Área de Convivencia de la Unidad 32 de Florencio Varela, adonde fue derivado el interno Maximiliano Zapata Osores.
La CPM señaló que el detenido "hacía 10 días estaba alojado en un buzón de aislamiento (celda individual de castigo) a la espera de que se terminaran los trámites de ingreso a la Unidad y reclamaba a las autoridades por la visita de sus familiares, quienes permanecían a la intemperie sin poder ingresar".
"Ante la falta de respuesta de las autoridades (Zapata Osores) comenzó a golpear la puerta de la celda, hasta que personal del Servicio Penitenciario le disparó con balas de goma", agrega la denuncia. En un comunicado de prensa, la CPM señaló que el preso "logró cubrirse con una frazada y, luego de los disparos, siete penitenciarios comenzaron a golpearlo con palos de goma, patadas y golpes de puño".
"Veinticinco minutos después fue llevado esposado a sanidad y allí atendido por una enfermera o médica que no realizó curación ni le recetó medicamento alguno. Varias de las lesiones, aunque no todas, constan en su historia clínica", destaca el informe.
En la denuncia se afirma que Zapata Osores "luego fue alojado en SAC, donde le ataron las manos con una soga y lo colgaron de una abertura en la pared (presuntamente para colocar iluminación), a gran altura, al lado de la puerta de ingreso a la celda que apenas rozaba el piso con las puntas de los pies entre 7 y 8 horas".
La Comisión Por la Memoria sostuvo que por pedido de su familia la defensora Silvia Glew solicitó un habeas corpus al Juzgado de Ejecución 2 de San Martín el 31 de julio. "Como consecuencia de dicha presentación fue citado al juzgado y atendido por un secretario, quien le manifestó que si denunciaba tenía que hacerse cargo de su integridad ya que ellos no podían hacer nada, sólo trasladarlo al sistema federal", señala la nota.
Los denunciantes aclararon que "Maximiliano está detenido hace 6 años y padeció decenas de traslados por más de 30 unidades penitenciarias y sufrir reiterados hechos de torturas".
"Permaneció en aislamiento la mayor parte de su detención y en innumerables ocasiones fue torturado en los camiones de traslado, y reprimido con gas pimienta, quemado con cigarrillos, mojado con manguera de incendios, golpeado con palos, patadas y puños", explicaron.
Los integrantes de la Comisión indicaron que "las secuelas de semejante maltrato se observan en su cuerpo a través de gran cantidad de cicatrices y que muchos informes penitenciarios donde se registra que tuvo pelea con otros detenidos no son reales, sino que tienen que ver con represión o ataques sufridos".
Finalmente, la CPM comentó que "los traslados constantes y torturas han afectado sus vínculos familiares, la imposibilidad de ver con frecuencia a su hija de dos años, estudiar o trabajar y que tampoco le han brindado asistencia psicológica".
La Comisión Provincial Por la Memoria, que está integrada entre otros por Adolfo Pérez Esquivel, Hugo Cañón, Marta Pelloni y Víctor de Gennaro, destacó "las distintas acciones positivas llevadas a cabo por el Estado provincial como el cierre de la Unidad 29 y de los pabellones de prevención de conductas violentas".
Sin embargo "esto no es suficiente, hace falta más esfuerzos y cambiar la política de seguridad y penitenciaria para terminar con estas prácticas. Es urgente terminar con la tortura y la impunidad que la sostiene", concluye el comunicado.