Ñoquis Calientes: reclamo de la Fiscalía por la suspensión del juicio

Con un parte de prensa, la Unidad que dirige Omar Rodríguez pidió la reforma del Código Procesal Penal para evitar tener que frenar estos procesos.

El fiscal Rodríguez y su acusada, "Chechu" Torres Otárola.
18 ABR 2024 - 18:26 | Actualizado 18 ABR 2024 - 18:32

Con un parte de prensa, la Unidad Anticorrupción reclamó por la suspensión del juicio oral y público por la causa Ñoquis Calientes. “Es un caso de corrupción que lleva 4 años y sigue demorado por presentaciones judiciales”, dice la gacetilla.
“Aún no tiene fecha de inicio el debate oral y público. El dispendio judicial que se genera y el perjuicio real a los testigos impactan de lleno en la resolución de la causa”, advirtió la Fiscalía que conduce Omar Rodríguez.

Es la causa que investigó a la exministra de Familia y exdiputada Cecilia Torres Otarola y otros por el delito de fraude a la administración pública.

El defensor Francisco Miguel Romero pidió la probation en favor de todos sus asistidos. La jueza Ivana González lo rechazó ya que las personas que lo solicitan eran funcionarios públicos al momento de los hechos, “situación que resulta un obstáculo legal a los fines de beneficiarse”. Romero, junto con Romano Cominetti, interpusieron un recurso de impugnación para que la resolución sea revisada por la Cámara Penal.

Dicho planteo generó la suspensión del juicio fijado para el lunes 22 de abril ya que “a partir de ahora se deberá expedir la Cámara”.
Según el comunicado del Ministerio Público Fiscal, los defensores de confianza de Jaqueline Rodera, María Lorena Rodea, Facundo Solari Rodera, Silvana Adriana Cañumil, Miguel Ángel Reto y Branco Neira Rodera plantearon la suspensión de juicio a prueba “a escasos días del comienzo del debate oral”.

La gacetilla, en este sentido, recordó que según el artículo 49 del Código Procesal Penal, la probation se puede pedir “hasta el inicio del debate”. El proyecto de reforma del Código apunta a este mismo artículo. “Como está redactado, en cuanto a la oportunidad de solicitar la suspensión del juicio a prueba, generan graves distorsiones en el sistema”, reclamó el MPF.

“Hubo toda una organización previa en cabeza de la Oficina Judicial de Rawson, en orden a la constitución del tribunal encargado del juicio, la fijación de la fecha de inicio, y la reserva de la sala de audiencias para el desarrollo, teniendo en cuenta la agenda de los jueces designados, sumado a que son magistrados de otras ciudades”.

Además se citó a todas las personas que participarán en el juicio, testigos, peritos, etcétera, “que en este tipo de casos de corrupción son numerosas. Hay personas que van a declarar en el juicio en dicho carácter, las cuales residen en otras localidades, incluso fuera de nuestra provincia”.

“Es necesario tener en cuenta que el debate oral en sí mismo genera cierta intranquilidad o ansiedad en las personas por el tiempo que deben transitar. Y así también que esas personas organizan sus vidas, trabajo, obligaciones familiares, viajes, etcétera, entre otros aspectos para poder asistir”.

Según el comunicado, “si esta situación es desgastante para las personas que participarán como testigos, el impacto que causa en las víctimas de delitos es mucho mayor”.

La reforma del Código apunta que la probation sólo se pueda pedir como máximo hasta la audiencia preliminar. “Es decir, que cuando el caso sea elevado a juicio no exista, una vez fijada la fecha de inicio, ningún tipo de obstáculo que puede impedir o demorar el comienzo”.

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El fiscal Rodríguez y su acusada, "Chechu" Torres Otárola.
18 ABR 2024 - 18:26

Con un parte de prensa, la Unidad Anticorrupción reclamó por la suspensión del juicio oral y público por la causa Ñoquis Calientes. “Es un caso de corrupción que lleva 4 años y sigue demorado por presentaciones judiciales”, dice la gacetilla.
“Aún no tiene fecha de inicio el debate oral y público. El dispendio judicial que se genera y el perjuicio real a los testigos impactan de lleno en la resolución de la causa”, advirtió la Fiscalía que conduce Omar Rodríguez.

Es la causa que investigó a la exministra de Familia y exdiputada Cecilia Torres Otarola y otros por el delito de fraude a la administración pública.

El defensor Francisco Miguel Romero pidió la probation en favor de todos sus asistidos. La jueza Ivana González lo rechazó ya que las personas que lo solicitan eran funcionarios públicos al momento de los hechos, “situación que resulta un obstáculo legal a los fines de beneficiarse”. Romero, junto con Romano Cominetti, interpusieron un recurso de impugnación para que la resolución sea revisada por la Cámara Penal.

Dicho planteo generó la suspensión del juicio fijado para el lunes 22 de abril ya que “a partir de ahora se deberá expedir la Cámara”.
Según el comunicado del Ministerio Público Fiscal, los defensores de confianza de Jaqueline Rodera, María Lorena Rodea, Facundo Solari Rodera, Silvana Adriana Cañumil, Miguel Ángel Reto y Branco Neira Rodera plantearon la suspensión de juicio a prueba “a escasos días del comienzo del debate oral”.

La gacetilla, en este sentido, recordó que según el artículo 49 del Código Procesal Penal, la probation se puede pedir “hasta el inicio del debate”. El proyecto de reforma del Código apunta a este mismo artículo. “Como está redactado, en cuanto a la oportunidad de solicitar la suspensión del juicio a prueba, generan graves distorsiones en el sistema”, reclamó el MPF.

“Hubo toda una organización previa en cabeza de la Oficina Judicial de Rawson, en orden a la constitución del tribunal encargado del juicio, la fijación de la fecha de inicio, y la reserva de la sala de audiencias para el desarrollo, teniendo en cuenta la agenda de los jueces designados, sumado a que son magistrados de otras ciudades”.

Además se citó a todas las personas que participarán en el juicio, testigos, peritos, etcétera, “que en este tipo de casos de corrupción son numerosas. Hay personas que van a declarar en el juicio en dicho carácter, las cuales residen en otras localidades, incluso fuera de nuestra provincia”.

“Es necesario tener en cuenta que el debate oral en sí mismo genera cierta intranquilidad o ansiedad en las personas por el tiempo que deben transitar. Y así también que esas personas organizan sus vidas, trabajo, obligaciones familiares, viajes, etcétera, entre otros aspectos para poder asistir”.

Según el comunicado, “si esta situación es desgastante para las personas que participarán como testigos, el impacto que causa en las víctimas de delitos es mucho mayor”.

La reforma del Código apunta que la probation sólo se pueda pedir como máximo hasta la audiencia preliminar. “Es decir, que cuando el caso sea elevado a juicio no exista, una vez fijada la fecha de inicio, ningún tipo de obstáculo que puede impedir o demorar el comienzo”.


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