"Tragedia nacional" en Australia casos de abuso sexual en varias instituciones

La comisión que investigó el abuso sexual a menores en instituciones públicas y religiosas de Australia calificó hoy de "tragedia nacional" estos casos, al presentar su informe final tras entrevistar a más de 8.000 víctimas.

15 DIC 2017 - 11:06 | Actualizado


"Decenas de miles de niños fueron abusados sexualmente en las instituciones australianas. Nunca sabremos la cifra, pero cualquiera que sea, supone una tragedia nacional perpetrada durante generaciones dentro de nuestras más respetadas instituciones", remarcó el informe que reprodujo la agencia de noticias EFE.

La Comisión Real, que investigó durante cinco años la respuesta institucional a estos casos de abuso sexual de menores, presentó 189 nuevas recomendaciones en un informe del que entregó dos versiones de 17 volúmenes al gobernador general de Australia, Peter Cosgrove.

Estas recomendaciones buscan lograr que "las instituciones sean más seguras para los niños", indicó en un comunicado la comisión que en anteriores informes había propuesto otras 220 medidas.

El presidente de la comisión, Peter McClellan, indicó que la segunda de las versiones del informe presentadas es para que se publique una vez concluyan todos los procesos penales abiertos.


Un trabajo de cinco años con 1.300 testigos

La comisión fue creada a fines de 2012 por la entonces primera ministra laborista Julia Gillard y durante su trabajo recabó los testimonios de unas 8.013 personas y entrevistó a unos 1.300 testigos.

Durante 57 audiencias públicas comparecieron altos cargos religiosos, entre ellos el cardenal George Pell, jefe de las Finanzas del Vaticano, como parte de la investigación de 44 casos de estudio en instituciones católicas.

La Iglesia Católica, con fuerte presencia en Australia, recibió quejas de 4.500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1.880 miembros de esta institución, sobre todo hermanos y sacerdotes, entre 1980 y 2015, aunque algunos casos se remontan a la década de 1920.

La Comisión Real dio a lo largo de estos años una serie de recomendaciones sobre cómo indemnizar a las víctimas, los controles de los antecedentes de las personas que trabajan con menores y mayores sanciones para castigar a los agresores.

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15 DIC 2017 - 11:06


"Decenas de miles de niños fueron abusados sexualmente en las instituciones australianas. Nunca sabremos la cifra, pero cualquiera que sea, supone una tragedia nacional perpetrada durante generaciones dentro de nuestras más respetadas instituciones", remarcó el informe que reprodujo la agencia de noticias EFE.

La Comisión Real, que investigó durante cinco años la respuesta institucional a estos casos de abuso sexual de menores, presentó 189 nuevas recomendaciones en un informe del que entregó dos versiones de 17 volúmenes al gobernador general de Australia, Peter Cosgrove.

Estas recomendaciones buscan lograr que "las instituciones sean más seguras para los niños", indicó en un comunicado la comisión que en anteriores informes había propuesto otras 220 medidas.

El presidente de la comisión, Peter McClellan, indicó que la segunda de las versiones del informe presentadas es para que se publique una vez concluyan todos los procesos penales abiertos.


Un trabajo de cinco años con 1.300 testigos

La comisión fue creada a fines de 2012 por la entonces primera ministra laborista Julia Gillard y durante su trabajo recabó los testimonios de unas 8.013 personas y entrevistó a unos 1.300 testigos.

Durante 57 audiencias públicas comparecieron altos cargos religiosos, entre ellos el cardenal George Pell, jefe de las Finanzas del Vaticano, como parte de la investigación de 44 casos de estudio en instituciones católicas.

La Iglesia Católica, con fuerte presencia en Australia, recibió quejas de 4.500 personas por presuntos abusos a menores cometidos por unos 1.880 miembros de esta institución, sobre todo hermanos y sacerdotes, entre 1980 y 2015, aunque algunos casos se remontan a la década de 1920.

La Comisión Real dio a lo largo de estos años una serie de recomendaciones sobre cómo indemnizar a las víctimas, los controles de los antecedentes de las personas que trabajan con menores y mayores sanciones para castigar a los agresores.


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