El interbloque de Cambiemos dará mañana precisiones a los diputados del Frente Renovador y del bloque Justicialista sobre los alcances de la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York respecto a las cautelares dispuestas por el juez Thomas Griesa, para despejar las dudas de estas bancadas sobre el impacto que puede tener el acuerdo alcanzado con los fondos buitre, y así poder avanzar con la sesión prevista para el martes para votar el proyecto de normalización de deuda.
El bloque Justicialista pidió suspender la sesión del martes por el fallo de la Cámara de Apelaciones que dejó sin efecto el levantamiento de las cautelares dispuesta por el juez Griesa, una medida que de hecho se encontraba vigente debido a las condiciones fijadas por el magistrado en su pronunciamiento y porque la palabra final en materia judicial la tendrá el tribunal de segunda instancia para la resolución del tema.
Por ese motivo, los presidentes de los principales bloques de la Cámara baja mantendrán un encuentro en horas de la mañana con funcionarios del Ministerio de de Hacienda y Finanzas en el despacho del presidente del cuerpo, Emilio Monzó, según informaron fuentes parlamentarias de la oposición a Télam.
Para el oficialismo es crucial contar con el consenso de estos dos bloques para poder sesionar el martes, ya que el Frente Renovador aporta 37 votos y el bloque Justicialista 17 legisladores claves para reunir el quórum y votar el proyecto, dado que la coalición gobernante tiene solo 89 representantes y necesita 129 diputados para habilitar el inicio de la discusión en el recinto.
El gobierno nacional considera que ese fallo no altera ni modifica su programa para terminar un acuerdo con los houldouts porque considera que tendrá una sentencia favorable pero debe convencer que esto es así a los diputados del bloque Justicialista y del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, quien también pidió una opinión a sus expertos previo a decidir si planteará un peddo de postergación de la sesión.
El secretario de Hacienda, Luis Caputo, en declaraciones a la prensa, dijo que el pedido de "stay" avalado por el tribunal de segunda instancia se hizo en conjunto con los holdouts, "porque no altera el proceso en curso" y subrayó que "el gobierno no saldrá a buscar fondos antes de que la Cámara se expida”.
De hecho, el oficialismo remarcará que así lo establece el artículo quinto del dictamen que fija que sólo se efectuarán los pagos previo dictado de una resolución judicial que confirme el levantamiento de las medidas cautelares.
Además mañana el gobierno espera tener listo el dictamen del procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que respalda el proyecto con el argumento de que existe bajo el riesgo de litigiosidad, según señalaron fuentes parlamentarias.
La sanción del proyecto de normalización de la deuda es clave para el gobierno para cerrar el capítulo con los bonistas que quedaron fueran del canje y así salir del default y permitir que la Argentina pueda volver a los mercados de capitales a fin de conseguir créditos a tasas más accesible.
Esta iniciativa, que aspira a aprobar el oficialismo en la sesión convocada para el mediodía del martes, contempla la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la autorización de la emisión de títulos para cancelar el pago a los fondos buitre que el Gobierno estimó en 11.684 millones de dólares.
El oficialismo había alcanzado la semana pasada un acuerdo con el Frente Renovador y el bloque del justicialismo donde había aceptado incorporar reformas como limitar el endeudamiento para que solo se pueda utilizar para el pago de esta deuda, y donde se fijaron los parámetros que se usarán para aquellos bonistas que queden fuera de esta negociación.
Por eso es clave que mañana se pueden despejar dudas sobre el impacto del fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos no solo de partes de estas dos bancadas y sino también de otras que acompañan con disidencias el dictamen como el bloque Social Cristiano-que responde al ex massista Darío Guistozzi- y Compromiso Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que si bien no tiene miembros en esas comisiones comprometieron su respaldo.
De hecho, la oposición más dura será representada por la mayoría del Frente para la Victoria, que tendrá como su principal exponente al camporista y ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien será la principal espada para defender el dictamen de minoría en rechazo a este proyecto.
De todos modos, el Gobierno consiguió el aval de la mayoría de los gobernadores, muchos de los cuales se comprometieron a que sus legisladores colaboren con el quórum y voten a favor del proyecto, debido a que estos mandatarios también esperan beneficiarse con la posibilidad de acceder a créditos con tasas más baratas.
Uno de los cambios que aún no fue aceptado de manera oficial por Cambiemos fue el pedido de establecer un monto de 12.000 millones de dólares para la emisión de nueva deuda, como propone el bloque Justicialista. No obstante, algunas fuentes parlamentarias creen que esta reforma se podría incluir en la discusión en particular.
Para el oficialismo el endeudamiento quedó acotado con los cambios introducidos en el dictamen de mayoría cuando se estableció que solo estos titular se pueden utilizar para pagar a los bonistas, y que el excedente se incorpore al monto de 37000 millones de dólares autorizado en el Presupuesto para este año.
Otro de los cambios incorporados al despacho de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, pero esta vez a propuesta del radicalismo, fue acotar las comisiones de los bancos que participen en la operatoria de la emisión de títulos al 0,2 por ciento.
También se reformaron los plazos para que el gobierno informe al Congreso dado que en el proyecto original estaba establecido que era semestralmente y ahora se fijó a propuesta del Frente Renovador que se deberá hacer cada tres meses.
El interbloque de Cambiemos dará mañana precisiones a los diputados del Frente Renovador y del bloque Justicialista sobre los alcances de la decisión de la Cámara de Apelaciones de Nueva York respecto a las cautelares dispuestas por el juez Thomas Griesa, para despejar las dudas de estas bancadas sobre el impacto que puede tener el acuerdo alcanzado con los fondos buitre, y así poder avanzar con la sesión prevista para el martes para votar el proyecto de normalización de deuda.
El bloque Justicialista pidió suspender la sesión del martes por el fallo de la Cámara de Apelaciones que dejó sin efecto el levantamiento de las cautelares dispuesta por el juez Griesa, una medida que de hecho se encontraba vigente debido a las condiciones fijadas por el magistrado en su pronunciamiento y porque la palabra final en materia judicial la tendrá el tribunal de segunda instancia para la resolución del tema.
Por ese motivo, los presidentes de los principales bloques de la Cámara baja mantendrán un encuentro en horas de la mañana con funcionarios del Ministerio de de Hacienda y Finanzas en el despacho del presidente del cuerpo, Emilio Monzó, según informaron fuentes parlamentarias de la oposición a Télam.
Para el oficialismo es crucial contar con el consenso de estos dos bloques para poder sesionar el martes, ya que el Frente Renovador aporta 37 votos y el bloque Justicialista 17 legisladores claves para reunir el quórum y votar el proyecto, dado que la coalición gobernante tiene solo 89 representantes y necesita 129 diputados para habilitar el inicio de la discusión en el recinto.
El gobierno nacional considera que ese fallo no altera ni modifica su programa para terminar un acuerdo con los houldouts porque considera que tendrá una sentencia favorable pero debe convencer que esto es así a los diputados del bloque Justicialista y del Frente Renovador, liderado por Sergio Massa, quien también pidió una opinión a sus expertos previo a decidir si planteará un peddo de postergación de la sesión.
El secretario de Hacienda, Luis Caputo, en declaraciones a la prensa, dijo que el pedido de "stay" avalado por el tribunal de segunda instancia se hizo en conjunto con los holdouts, "porque no altera el proceso en curso" y subrayó que "el gobierno no saldrá a buscar fondos antes de que la Cámara se expida”.
De hecho, el oficialismo remarcará que así lo establece el artículo quinto del dictamen que fija que sólo se efectuarán los pagos previo dictado de una resolución judicial que confirme el levantamiento de las medidas cautelares.
Además mañana el gobierno espera tener listo el dictamen del procurador del Tesoro, Carlos Balbín, que respalda el proyecto con el argumento de que existe bajo el riesgo de litigiosidad, según señalaron fuentes parlamentarias.
La sanción del proyecto de normalización de la deuda es clave para el gobierno para cerrar el capítulo con los bonistas que quedaron fueran del canje y así salir del default y permitir que la Argentina pueda volver a los mercados de capitales a fin de conseguir créditos a tasas más accesible.
Esta iniciativa, que aspira a aprobar el oficialismo en la sesión convocada para el mediodía del martes, contempla la derogación de las leyes Cerrojo y de Pago Soberano, y la autorización de la emisión de títulos para cancelar el pago a los fondos buitre que el Gobierno estimó en 11.684 millones de dólares.
El oficialismo había alcanzado la semana pasada un acuerdo con el Frente Renovador y el bloque del justicialismo donde había aceptado incorporar reformas como limitar el endeudamiento para que solo se pueda utilizar para el pago de esta deuda, y donde se fijaron los parámetros que se usarán para aquellos bonistas que queden fuera de esta negociación.
Por eso es clave que mañana se pueden despejar dudas sobre el impacto del fallo de la Cámara de Apelaciones de Estados Unidos no solo de partes de estas dos bancadas y sino también de otras que acompañan con disidencias el dictamen como el bloque Social Cristiano-que responde al ex massista Darío Guistozzi- y Compromiso Federal, y el Frente Cívico de Santiago del Estero que si bien no tiene miembros en esas comisiones comprometieron su respaldo.
De hecho, la oposición más dura será representada por la mayoría del Frente para la Victoria, que tendrá como su principal exponente al camporista y ex ministro de Economía Axel Kicillof, quien será la principal espada para defender el dictamen de minoría en rechazo a este proyecto.
De todos modos, el Gobierno consiguió el aval de la mayoría de los gobernadores, muchos de los cuales se comprometieron a que sus legisladores colaboren con el quórum y voten a favor del proyecto, debido a que estos mandatarios también esperan beneficiarse con la posibilidad de acceder a créditos con tasas más baratas.
Uno de los cambios que aún no fue aceptado de manera oficial por Cambiemos fue el pedido de establecer un monto de 12.000 millones de dólares para la emisión de nueva deuda, como propone el bloque Justicialista. No obstante, algunas fuentes parlamentarias creen que esta reforma se podría incluir en la discusión en particular.
Para el oficialismo el endeudamiento quedó acotado con los cambios introducidos en el dictamen de mayoría cuando se estableció que solo estos titular se pueden utilizar para pagar a los bonistas, y que el excedente se incorpore al monto de 37000 millones de dólares autorizado en el Presupuesto para este año.
Otro de los cambios incorporados al despacho de las comisiones de Presupuesto y de Finanzas, pero esta vez a propuesta del radicalismo, fue acotar las comisiones de los bancos que participen en la operatoria de la emisión de títulos al 0,2 por ciento.
También se reformaron los plazos para que el gobierno informe al Congreso dado que en el proyecto original estaba establecido que era semestralmente y ahora se fijó a propuesta del Frente Renovador que se deberá hacer cada tres meses.