Mohamad Baqer Nobajt, portavoz del Gobierno del presidente Hassan Rohani, dijo en su rueda de prensa semanal que la decisión adoptada hoy -por abrumadora mayoría por la Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento)- incumple la previsión de la Constitución iraní que establece que las decisiones sobre cuestiones nucleares son responsabilidad del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y no del Parlamento.
"Las negociaciones nucleares no tienen nada que ver con el Parlamento, sino solo, según la Constitución, con el Consejo Nacional de Seguridad", declaró Baqer.
Al Consejo le corresponde tomar decisiones estratégicas especiales. Aunque el presidente Rohani es quien dirige este grupo, sus miembros son elegidos por el líder supremo, el ayatollah Ali Jamenei.
Las decisiones del Consejo, por otra parte, tienen que ser sometidas a la aprobación de Jamenei, quien por ahora no se pronunció sobre la pugna entre gobierno y parlamento.
La preocupación de Teherán se funda en que de ser ratificada esta norma, Rohani y sus negociadores verían disminuida su capacidad de maniobra para llegar a un pacto que satisfaga al Grupo 5+1 (Estados Unidos, Francia, China, Rusia, Reino Unido y Alemania) y hacer inviable con algunas de sus previsiones que el mismo pueda cumplirse.
La iniciativa fue impulsada en el Parlamento por diputados opositores, que manejan la mayoría en la Cámara, pero también fue apoyada por muchos otros legisladores de todas las tendencias, informó la agencia de noticias EFE.
La norma, aún no convertida en ley, exige al Gobierno que para que cualquier acuerdo con las potencias del Grupo 5+1 sobre el programa nuclear del país sea válido, se deben garantizar: el fin inmediato de todas de las sanciones que pesan sobre el país, la prohibición de inspeccionar centros militares y el derecho iraní a la investigación y desarrollo de tecnología nuclear con fines pacíficos.
Si bien en las negociaciones se da por hecho que las sanciones de Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) se podrían retirar sin problemas, no está nada claro que el Congreso de Estados Unidos, donde están los mayores enemigos de un acuerdo nuclear, vaya a retirar las sanciones que impuso unilateralmente.
La prohibición de inspecciones a centros militares y de entrevistas a científicos iraníes que exige la norma propuesta por el Parlamento también podría dañar cualquier pacto y mellar las posibilidades de acuerdo.
Irán y el Grupo 5+1 negocian desde hace 16 meses un acuerdo que garantice que el programa nuclear iraní no pueda desviarse a fines militares a cambio del levantamiento de sanciones económicas que lastran la economía del país y produjeron un desgaste en el gobierno de Rohani.
Mohamad Baqer Nobajt, portavoz del Gobierno del presidente Hassan Rohani, dijo en su rueda de prensa semanal que la decisión adoptada hoy -por abrumadora mayoría por la Asamblea Consultiva Islámica (Parlamento)- incumple la previsión de la Constitución iraní que establece que las decisiones sobre cuestiones nucleares son responsabilidad del Consejo Supremo de Seguridad Nacional y no del Parlamento.
"Las negociaciones nucleares no tienen nada que ver con el Parlamento, sino solo, según la Constitución, con el Consejo Nacional de Seguridad", declaró Baqer.
Al Consejo le corresponde tomar decisiones estratégicas especiales. Aunque el presidente Rohani es quien dirige este grupo, sus miembros son elegidos por el líder supremo, el ayatollah Ali Jamenei.
Las decisiones del Consejo, por otra parte, tienen que ser sometidas a la aprobación de Jamenei, quien por ahora no se pronunció sobre la pugna entre gobierno y parlamento.
La preocupación de Teherán se funda en que de ser ratificada esta norma, Rohani y sus negociadores verían disminuida su capacidad de maniobra para llegar a un pacto que satisfaga al Grupo 5+1 (Estados Unidos, Francia, China, Rusia, Reino Unido y Alemania) y hacer inviable con algunas de sus previsiones que el mismo pueda cumplirse.
La iniciativa fue impulsada en el Parlamento por diputados opositores, que manejan la mayoría en la Cámara, pero también fue apoyada por muchos otros legisladores de todas las tendencias, informó la agencia de noticias EFE.
La norma, aún no convertida en ley, exige al Gobierno que para que cualquier acuerdo con las potencias del Grupo 5+1 sobre el programa nuclear del país sea válido, se deben garantizar: el fin inmediato de todas de las sanciones que pesan sobre el país, la prohibición de inspeccionar centros militares y el derecho iraní a la investigación y desarrollo de tecnología nuclear con fines pacíficos.
Si bien en las negociaciones se da por hecho que las sanciones de Naciones Unidas y la Unión Europea (UE) se podrían retirar sin problemas, no está nada claro que el Congreso de Estados Unidos, donde están los mayores enemigos de un acuerdo nuclear, vaya a retirar las sanciones que impuso unilateralmente.
La prohibición de inspecciones a centros militares y de entrevistas a científicos iraníes que exige la norma propuesta por el Parlamento también podría dañar cualquier pacto y mellar las posibilidades de acuerdo.
Irán y el Grupo 5+1 negocian desde hace 16 meses un acuerdo que garantice que el programa nuclear iraní no pueda desviarse a fines militares a cambio del levantamiento de sanciones económicas que lastran la economía del país y produjeron un desgaste en el gobierno de Rohani.