La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del ex presidente Carlos Menem y de su ex ministro de Economía Domingo Cavallo en la causa por presuntas irregularidades en la privatización y venta de la empresa Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) a la firma española Repsol.<br /><br /> La medida fue dictada por la Sala I del Tribunal, con la firma de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes además sobreseyeron a los ex ministros Roque Fernández, Jorge Rodríguez, Armando Caro Figueroa, Enrique Rodríguez y Felisa Miceli. También fue beneficiada Alessandra Miniccelli, de la Sindicatura General de la Nación, y esposa del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.<br /><br /> La misma medida benefició a los ex directores de YPF al momento de la privatización, el titular de la Cámara Argentina de Comercio Carlos De la Vega y el ex presidente de Repsol, Alfonso Cortina. <br /><br /> En la extensa resolución, también fueron favorecidos el ex sindicalista y actual directivo del club Boca Juan Carlos Crespi; los estadounidenses Dexter Peacock, Mario Rosso y Clark Jonson; el francés Bernard Gremillet; y el suizo Ernst Schneider, quienes integraron el directorio de Repsol.<br /><br /><strong>Trabajadores sin el 10 por ciento.</strong><br /><br /> La causa se inició en el año 1996, a raíz de una denuncia de ex trabajadores de YPF que debido a la privatización de la empresa fueron despojados del diez por ciento de las acciones de la firma. Los trabajadores tenían el derecho a tener diez por ciento de las acciones por medio del denominado Programa de Propiedad Participada (PPP), el cual fue creado por la Ley de Reforma del Estado. <br /><br /><strong></strong>La norma prevé que una porción de las acciones de las compañías del Estado quedaban en manos de los trabajadores, y ese porcentaje fue adquirido por la empresa Repsol. Los ex empleados denunciaron que hubo defraudación y malversación de caudales públicos, al sostener que fueron presionados para vender esas acciones antes que subieran de precio por cotizar en bolsa.<br /><br /><strong>Mala administración no es delito para los camaristas.</strong><br /><br /> Los camaristas evaluaron que "una mala administración no se traduce en la comisión de un delito", y que "no existió un accionar doloso en cabeza de aquellos que intervinieron en las diferentes etapas de la implementación" de la venta "ya sea que pertenecieran a los órganos directivos de la empresa y/o cumplieran funciones de relevancia en la órbita de la administración pública". <br /><br /> Además, señalaron que la falta de publicación de la normativa sobre los PPP "se debió al elevado grado de improvisación que aparejó la puesta en marcha de un programa que sufrió un significativo retraso en su implementación, ocasionando la toma de decisiones que, vistas a la distancia, indudablemente no fueron las más convenientes para el universo total de los trabajadores de la empresa".
La Cámara Federal confirmó el sobreseimiento del ex presidente Carlos Menem y de su ex ministro de Economía Domingo Cavallo en la causa por presuntas irregularidades en la privatización y venta de la empresa Yacimiento Petrolíferos Fiscales (YPF) a la firma española Repsol.<br /><br /> La medida fue dictada por la Sala I del Tribunal, con la firma de los camaristas Eduardo Farah y Martín Irurzun, quienes además sobreseyeron a los ex ministros Roque Fernández, Jorge Rodríguez, Armando Caro Figueroa, Enrique Rodríguez y Felisa Miceli. También fue beneficiada Alessandra Miniccelli, de la Sindicatura General de la Nación, y esposa del ministro de Planificación Federal, Julio De Vido.<br /><br /> La misma medida benefició a los ex directores de YPF al momento de la privatización, el titular de la Cámara Argentina de Comercio Carlos De la Vega y el ex presidente de Repsol, Alfonso Cortina. <br /><br /> En la extensa resolución, también fueron favorecidos el ex sindicalista y actual directivo del club Boca Juan Carlos Crespi; los estadounidenses Dexter Peacock, Mario Rosso y Clark Jonson; el francés Bernard Gremillet; y el suizo Ernst Schneider, quienes integraron el directorio de Repsol.<br /><br /><strong>Trabajadores sin el 10 por ciento.</strong><br /><br /> La causa se inició en el año 1996, a raíz de una denuncia de ex trabajadores de YPF que debido a la privatización de la empresa fueron despojados del diez por ciento de las acciones de la firma. Los trabajadores tenían el derecho a tener diez por ciento de las acciones por medio del denominado Programa de Propiedad Participada (PPP), el cual fue creado por la Ley de Reforma del Estado. <br /><br /><strong></strong>La norma prevé que una porción de las acciones de las compañías del Estado quedaban en manos de los trabajadores, y ese porcentaje fue adquirido por la empresa Repsol. Los ex empleados denunciaron que hubo defraudación y malversación de caudales públicos, al sostener que fueron presionados para vender esas acciones antes que subieran de precio por cotizar en bolsa.<br /><br /><strong>Mala administración no es delito para los camaristas.</strong><br /><br /> Los camaristas evaluaron que "una mala administración no se traduce en la comisión de un delito", y que "no existió un accionar doloso en cabeza de aquellos que intervinieron en las diferentes etapas de la implementación" de la venta "ya sea que pertenecieran a los órganos directivos de la empresa y/o cumplieran funciones de relevancia en la órbita de la administración pública". <br /><br /> Además, señalaron que la falta de publicación de la normativa sobre los PPP "se debió al elevado grado de improvisación que aparejó la puesta en marcha de un programa que sufrió un significativo retraso en su implementación, ocasionando la toma de decisiones que, vistas a la distancia, indudablemente no fueron las más convenientes para el universo total de los trabajadores de la empresa".