La jueza Marcela Pérez Bogado debe resolver hoy si hace lugar al pedido de apertura de investigación solicitado por la Fiscalía de Puerto Madryn en el marco de una causa por presunta “administración fraudulenta” y en el que están imputados los integrantes del comité administrador de Alpesca y la ministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour.
La semana pasada y tras solicitar la comparecencia de al menos tres de los imputados por la fuerza pública, se realizó la audiencia de apertura de investigación, pero el trámite quedó inconcluso ante el rechazo del defensor particular de tres de los imputados. En la causa, además de Dufour, están involucrados Omar Albornoz, Valentín Laborda y Santiago Novoa, todos integrantes del comité administrador que el gobierno provincial designó al frente de Alpesca en su plan por expropiar los bienes de producción de la planta pesquera ubicada en Puerto Madryn.
Albornoz, Laborda y Novoa participaron de la audiencia y debieron fijar domicilio, además de otras medidas para garantizar que no se ausentarían, como sí ocurrió en los dos primeros intentos de audiencia. La Fiscalía de Puerto Madryn investiga al Comité de Administración, que debía garantizar la debida preservación de los bienes ocupados, algunos de los cuales se encuentran varados tras el temporal del 7 de abril de este año.
Durante la audiencia la Fiscalía planteó que según el decreto de ocupación, los integrantes del comité de administración y la autoridad de la cual dependían, en este caso la ministra Gabriela Dufour, debían “realizar todos los actos de mantenimiento que sean necesarios sobre los buques, incluso cuando para ello se requiera su traslado, así como proceder a la cancelación de deudas por orden y cuenta de terceros”. La acusación planteó que en marzo, fueron notificados que los buques se encontraban en una situación de precariedad por falta de mantenimiento, porque no se les estaba realizando el mantenimiento adecuado, carecían de combustible y los cabos de amarre se encontraban en malas condiciones. En ese contexto, en fecha 7 de abril, casi un mes después de las comunicaciones, se desató un temporal que provocó que los buques de la empresa Alpesca se soltaran del muelle y, además de producir roturas en el muelle, quedaron varados en la playa.
A esta situación podría sumarse en el corto tiempo la situación de dos buques que se encontraban en el puerto de Mar del Plata, los cuales fueron literalmente saqueados, al dejar de trabajar la agencia marítima y los marineros que realizaban la guardia a bordo de los buques.
El Dr. Néstor Fabián Gabalachis, abogado de los tres integrantes del comité administrador de Alpesca, rechazó el pedido de apertura de investigación que planteó el Fiscal Báez, por entender que del relato realizado por la parte acusadora no surgen elementos coincidentes con la calificación legal escogida, en este caso “administración fraudulenta”, un delito previsto y reprimido con hasta 6 años de prisión por el artículo 173 del Código Penal.
Una empresa, varias causas
Alpesca cerró sus puertas hace más de ochos meses y sus empleados aún hoy aguardan una propuesta salvadora para la empresa, pero a falta de inversores lo que sobran son causas judiciales. Una de las causas es por una presunta maniobra de estafa en la venta del paquete accionario de Alpesca, de Héctor Omar “Cura” Segundo y su hijo Juan Paulo a Federico Otero y su madre Rosa Carmen Chico. En este caso la Fiscalía investiga si Otero y Segundo “habrían simulado una venta del paquete accionario” en perjuicio de los trabajadores y acreedores.
La presunta maniobra defraudatoria “se habría desarrollado a través de la simulación de una venta, en la que supuestamente Federico Otero y Rosa Chico le adquirieron el paquete accionario de Alpesca S.A y AP Holding S.A (empresa controladora del paquete accionario de Alpesca), a Omar Segundo y Juan Paulo Segundo por la suma de cinco millones y medio de pesos”.
Los fiscales aseguran que “con el fin de evitar afrontar las obligaciones propias del giro natural de la empresa, (los imputados) habrían simulado una venta del paquete accionario, evitando de esa manera asumir los costos del propio andar del giro comercial”.
“El argumento utilizado para evitar afrontar los costos de la empresa por parte de Segundo ha sido que ya no es el titular de la misma, aun cuando no existe constancia de que haya recibido pago alguno por la venta de la firma y amén que la misma esté o no perfeccionada por la falta de inscripción en la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas”, indican desde la Fiscalía. Asimismo, agregan, “debe sumarse que el monto por el que se transfieren los paquetes accionarios resultan irrisorios ya que se paga lo mismo (2,5 millones de pesos por cada paquete de acciones) cuando uno de los paquetes es del 11% (Alpesca S.A.) y el otro del 89% (AP. Holding S.A). Pero además, “ese escaso monto para lo que significa una empresa de tamaña envergadura, se pagará de a 500 mil pesos por año”.
Esta causa se encuentra con apertura de investigación y en marzo del próximo año la Fiscalía debe presentar la acusación o el sobreseimiento de los imputados.
Un préstamo cuestionado
La Fiscalía sigue adelante con la investigación por el préstamo que CORFO otorgó a Alpesca cuando todavía era controlada por Omar “Cura” Segundo y que según la acusación, habría sido irregular. En esta causa son investigados el gobernador Martín Buzzi y la actual ministra de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, ambos con fueros. También están imputados el exministro Coordinador y actual integrante del directorio del Banco Chubut, Carlos Eliceche; el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pedro Zudaire; Claudia Mundet, quien se desempeñaba como gerente general de CORFO; y los directores Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Omar Romero Belastin.
Esta causa intenta determinar si hubo delito de administración fraudulenta en el otorgamiento de un crédito de 10 millones de pesos otorgado por el Estado Provincial, a través de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO), a Omar “Cura” Segundo cuando era presidente de Alpesca.
Según la acusación, la asistencia crediticia “excede y contraría los requisitos exigidos para el otorgamiento, conforme a lo resuelto por el propio directorio de CORFO, por la falta de garantías reales y de un examen previo acerca de la factibilidad de la operación y de la situación del beneficiario, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”, según la solicitud de apertura de investigación efectuada por el Ministerio Público Fiscal.
En este caso, tras resolución del juez Fabio Monti hace pocos días, se debe fijar audiencia de apertura de investigación para los siete funcionarios y el Superior Tribunal de Justicia debe resolver el planteo de fueros de Martín Buzzi y Gabriela Dufour.
La jueza Marcela Pérez Bogado debe resolver hoy si hace lugar al pedido de apertura de investigación solicitado por la Fiscalía de Puerto Madryn en el marco de una causa por presunta “administración fraudulenta” y en el que están imputados los integrantes del comité administrador de Alpesca y la ministra de Desarrollo Territorial y Sectores Productivos, Gabriela Dufour.
La semana pasada y tras solicitar la comparecencia de al menos tres de los imputados por la fuerza pública, se realizó la audiencia de apertura de investigación, pero el trámite quedó inconcluso ante el rechazo del defensor particular de tres de los imputados. En la causa, además de Dufour, están involucrados Omar Albornoz, Valentín Laborda y Santiago Novoa, todos integrantes del comité administrador que el gobierno provincial designó al frente de Alpesca en su plan por expropiar los bienes de producción de la planta pesquera ubicada en Puerto Madryn.
Albornoz, Laborda y Novoa participaron de la audiencia y debieron fijar domicilio, además de otras medidas para garantizar que no se ausentarían, como sí ocurrió en los dos primeros intentos de audiencia. La Fiscalía de Puerto Madryn investiga al Comité de Administración, que debía garantizar la debida preservación de los bienes ocupados, algunos de los cuales se encuentran varados tras el temporal del 7 de abril de este año.
Durante la audiencia la Fiscalía planteó que según el decreto de ocupación, los integrantes del comité de administración y la autoridad de la cual dependían, en este caso la ministra Gabriela Dufour, debían “realizar todos los actos de mantenimiento que sean necesarios sobre los buques, incluso cuando para ello se requiera su traslado, así como proceder a la cancelación de deudas por orden y cuenta de terceros”. La acusación planteó que en marzo, fueron notificados que los buques se encontraban en una situación de precariedad por falta de mantenimiento, porque no se les estaba realizando el mantenimiento adecuado, carecían de combustible y los cabos de amarre se encontraban en malas condiciones. En ese contexto, en fecha 7 de abril, casi un mes después de las comunicaciones, se desató un temporal que provocó que los buques de la empresa Alpesca se soltaran del muelle y, además de producir roturas en el muelle, quedaron varados en la playa.
A esta situación podría sumarse en el corto tiempo la situación de dos buques que se encontraban en el puerto de Mar del Plata, los cuales fueron literalmente saqueados, al dejar de trabajar la agencia marítima y los marineros que realizaban la guardia a bordo de los buques.
El Dr. Néstor Fabián Gabalachis, abogado de los tres integrantes del comité administrador de Alpesca, rechazó el pedido de apertura de investigación que planteó el Fiscal Báez, por entender que del relato realizado por la parte acusadora no surgen elementos coincidentes con la calificación legal escogida, en este caso “administración fraudulenta”, un delito previsto y reprimido con hasta 6 años de prisión por el artículo 173 del Código Penal.
Una empresa, varias causas
Alpesca cerró sus puertas hace más de ochos meses y sus empleados aún hoy aguardan una propuesta salvadora para la empresa, pero a falta de inversores lo que sobran son causas judiciales. Una de las causas es por una presunta maniobra de estafa en la venta del paquete accionario de Alpesca, de Héctor Omar “Cura” Segundo y su hijo Juan Paulo a Federico Otero y su madre Rosa Carmen Chico. En este caso la Fiscalía investiga si Otero y Segundo “habrían simulado una venta del paquete accionario” en perjuicio de los trabajadores y acreedores.
La presunta maniobra defraudatoria “se habría desarrollado a través de la simulación de una venta, en la que supuestamente Federico Otero y Rosa Chico le adquirieron el paquete accionario de Alpesca S.A y AP Holding S.A (empresa controladora del paquete accionario de Alpesca), a Omar Segundo y Juan Paulo Segundo por la suma de cinco millones y medio de pesos”.
Los fiscales aseguran que “con el fin de evitar afrontar las obligaciones propias del giro natural de la empresa, (los imputados) habrían simulado una venta del paquete accionario, evitando de esa manera asumir los costos del propio andar del giro comercial”.
“El argumento utilizado para evitar afrontar los costos de la empresa por parte de Segundo ha sido que ya no es el titular de la misma, aun cuando no existe constancia de que haya recibido pago alguno por la venta de la firma y amén que la misma esté o no perfeccionada por la falta de inscripción en la Dirección General de Inspección de Personas Jurídicas”, indican desde la Fiscalía. Asimismo, agregan, “debe sumarse que el monto por el que se transfieren los paquetes accionarios resultan irrisorios ya que se paga lo mismo (2,5 millones de pesos por cada paquete de acciones) cuando uno de los paquetes es del 11% (Alpesca S.A.) y el otro del 89% (AP. Holding S.A). Pero además, “ese escaso monto para lo que significa una empresa de tamaña envergadura, se pagará de a 500 mil pesos por año”.
Esta causa se encuentra con apertura de investigación y en marzo del próximo año la Fiscalía debe presentar la acusación o el sobreseimiento de los imputados.
Un préstamo cuestionado
La Fiscalía sigue adelante con la investigación por el préstamo que CORFO otorgó a Alpesca cuando todavía era controlada por Omar “Cura” Segundo y que según la acusación, habría sido irregular. En esta causa son investigados el gobernador Martín Buzzi y la actual ministra de Desarrollo Territorial, Gabriela Dufour, ambos con fueros. También están imputados el exministro Coordinador y actual integrante del directorio del Banco Chubut, Carlos Eliceche; el exministro de Agricultura, Ganadería y Pesca, Pedro Zudaire; Claudia Mundet, quien se desempeñaba como gerente general de CORFO; y los directores Gustavo Simón, Diego Hernández, Ernesto Siguero y Enzo Omar Romero Belastin.
Esta causa intenta determinar si hubo delito de administración fraudulenta en el otorgamiento de un crédito de 10 millones de pesos otorgado por el Estado Provincial, a través de la Corporación de Fomento del Chubut (CORFO), a Omar “Cura” Segundo cuando era presidente de Alpesca.
Según la acusación, la asistencia crediticia “excede y contraría los requisitos exigidos para el otorgamiento, conforme a lo resuelto por el propio directorio de CORFO, por la falta de garantías reales y de un examen previo acerca de la factibilidad de la operación y de la situación del beneficiario, ocasionando un perjuicio a la Administración Pública”, según la solicitud de apertura de investigación efectuada por el Ministerio Público Fiscal.
En este caso, tras resolución del juez Fabio Monti hace pocos días, se debe fijar audiencia de apertura de investigación para los siete funcionarios y el Superior Tribunal de Justicia debe resolver el planteo de fueros de Martín Buzzi y Gabriela Dufour.